La vicepresidenta María Jesús Montero ha presentado este miércoles a las comunidades autónomas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, pactada con ERC. 

Lo que ha trascendido del encuentro es que Montero ha trasladado a las CCAA que pueden elegir el nuevo modelo de financiación autonómica si lo desean, es decir, que es voluntario y no obligatorio. 

Como recogió Hispanidad, ese sistema se basa en el principio de ordinalidad, según el cual, las comunidades autónomas que más aportan a la caja común sean también las que más reciben. O dicho de otra forma, que recibe más del Estado el que más impuestos paga porque es el más rico. O sea, Cataluña.

Lo explicó el golpista indultado y todavía inhabilitado Oriol Junqueras -quien siendo vicepresidente de la Generalitat organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017-: "Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir”. O sea, 4.700 millones más para las arcas catalanas...

Sin embargo, aplicar el citado principio de ordinalidad implica que una comunidad rica, como Cataluña, va a contribuir menos a financiar al resto de comunidades autónomas. E Implica que otras comunidades ricas serán las que tengan que aportar más para seguir financiando a las más pobres. Por ejemplo, Madrid. 

Esta mañana se han sucedido las declaraciones políticas en torno a este asunto. Así, por ejemplo, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Page (del PSOE), ha señalado, dirigiéndose a Junqueras: "No vamos a consentir privilegios". "Pido que abandonen por completo el intento de cesión chantajista a los independentistas, que lo que intentan es destrozar Cataluña y España".

Su consejero Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina (PSOE), ha llegado a decir que se trata de "un chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios".  

Por su parte, la vicepresidenta del Principado de Asturias Gimena Llamedo (también de un Gobierno autonómico socialista) ha dicho esta mañana: "No nos gusta que nos pida que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente, tampoco los platos precocinados y lo que pedimos es que se abra un diálogo y que se abra una negociación con todas las comunidades autónomas".

De su lado, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, del PP, ha criticado que el Gobierno pague "un precio político" a sus "socios separatistas" y recordó que el "dinero de todos los españoles tiene que servir para financiar los servicios públicos de todos los españoles". 

La consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, del PP, ha recordado a Montero que tiene a "todas las comunidades autónomas en contra menos a una", en referencia al Gobierno regional de Cataluña. Mientras que su colega en Andalucía, Carolina España (PP), ha apuntado: "Venimos a este CPFF con bastante incertidumbre e indignación, porque este modelo de financiación Montero nace muerto". 

Recordemos que este modelo de financiación autonómica es una propuesta que todavía debe pasar por las Cortes, especialmente por el Congreso, para su aprobación.

¿Cuenta el PSOE con los apoyos necesarios para ello? Porque, por ejemplo, los del fugitivo de la justicia española Carlos Puigdemont, o sea, los de Junts, ya han adelantado que votarán 'no' a cualquier propuesta que no sea un concierto económico al estilo vasco o navarro, regiones que recaudan y gestionan los impuestos por sí mismas y luego pagan una cantidad (un cupo) al Estado por los servicios que este presta en su comunidad autónoma. Qué casualidad: tanto País Vasco como Navarra figuran siempre como las comunidades autónomas más ricas de España... 

Y los siete votos de Junts serán cruciales durante su tramitación. Al igual que los cuatro de Unidas Podemos, partido que tampoco parece muy contento con este nuevo modelo...