La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata socialista en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, ha presentado hoy el nuevo modelo de financiación autonómica que quiere aprobar el Gobierno.

La intención del Ejecutivo es aumentar el porcentaje de IRPF e IVA que cede a las comunidades del 50 al 55% y al 56,5% respectivamente. 

Lo que, en palabras de Montero, dará a las comunidades 16.000 millones de euros más, a repartir entre todas. 

Por supuesto, Montero ha vendido las bondades del nuevo sistema que "garantiza la solidaridad interterritorial". 

La candidata socialista ha reconocido que "el sistema tiende al principio de ordinalidad, lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma". 

Como explicó ayer Hispanidad, el principio de ordinalidad consiste en que las comunidades autónomas que más aportan a la caja común sean también las que más reciben. O dicho de otra forma, que recibe más del Estado el que más impuestos paga porque es el más rico. O sea, Cataluña.

Lo explicaba ayer el golpista indultado y todavía inhabilitado Oriol Junqueras -quien siendo vicepresidente de la Generalitat organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017-: "Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir”. O sea, 4.700 millones más para las arcas catalanas...

Sin embargo, aplicar el citado principio de ordinalidad implica que una comunidad rica, como Cataluña, va a contribuir menos a financiar al resto de comunidades autónomas. E Implica que otras comunidades ricas serán las que tengan que aportar más para seguir financiando a las más pobres. Por ejemplo, Madrid. 

Otra cosa: ¿cómo va a vender Montero este modelo en Andalucía, donde se presenta a las próximas elecciones regionales?

Y otra cosa más: este modelo de financiación autonómica es una propuesta que todavía debe pasar por las Cortes, especialmente por el Congreso, para su aprobación.

¿Cuenta el PSOE con los apoyos necesarios para ello? Porque, por ejemplo, los del fugitivo de la justicia española Carlos Puigdemont, o sea, los de Junts, ya han adelantado que votarán 'no' a cualquier propuesta que no sea un concierto económico al estilo vasco o navarro, regiones que recaudan y gestionan los impuestos por sí mismas y luego pagan una cantidad (un cupo) al Estado por los servicios que este presta en su comunidad autónoma. Qué casualidad: tanto País Vasco como Navarra figuran siempre como las comunidades autónomas más ricas de España... 

Y los siete votos de Junts serán cruciales durante su tramitación. Al igual que los cuatro de Unidas Podemos, partido que tampoco parece muy contento con este nuevo modelo...

En resumen, a pesar de lo que repiten, y muy enfadados, Oriol Junqueras. Marisu Montero, Salvador Illa o Ernest Urtasun, lo cierto es que esta melonada que califican como nuevo sistema de financiación autonómica no es más que una compra de votos de ERC para que Sánchez pueda seguir en el poder. Y compra fallida, porque los chicos de Junqueras y Rufián aseguran que no es suficiente, mientras sus competidores por el poder en Cataluña, Junts, aseguran que es más café para todos -no lo es- y ellos buscan algo más para Cataluña.

En todo caso, si esto es bueno para todos: ¿por qué el acuerdo lo presenta ERC y lo aprueban dos personas: Junqueras y Sánchez? Esto no hay quien se lo crea.

Lo cierto es que el sistema de financiación beneficia a Cataluña y perjudica a Madrid y a las regiones pobres. Además, se amenaza (ministro Ernest Urtasun) con recortar las competencias fiscales de Isabel Ayuso, que fue la primera en reducir los injustos impuestos sobre el patrimonio. Esto no tiene nada que ver, porque Madrid ha reducido la carga impositiva de unos impuestos (sucesión y donaciones) que son de patrimonio, no de renta, que es como pagar impuestos por un bien por el que ya has pagado anteriormente. Por eso, el impuesto sobre el patrimonio está desapareciendo en toda Europa. 

Pues bien, el 'presunto' nuevo sistema de financiación autonómica, es decir el regalo a Cataluña, lleva añadida la amenaza de limitar aún más la capacidad fiscal de las comunidades del PP, sobre todo de Ayuso, porque Madrid fue la primera región en reducir la carga fiscal de estos impuestos sobre el patrimonio que, insisto, ya han pagado renta en su día.