El Supremo y el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado dejaron claro esta semana la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos -que puede acerrear hasta 4 años de cárcel-, relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Teniendo por primera vez en la historia al fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados, varias asociaciones de jueces y fiscales reiteraban que García Ortiz debía dejar su cargo para no "dañar" la imagen de la institución que dirigen. Algo que ya pidieron hace meses, pero que reiteraron tras la imputación.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), asume que García Ortiz "no lo hará", pese a que en su opinión debería dimitir: "Solo puedo pensar en la imagen de García Ortiz sentado en el banquillo de los acusados, es tremenda para la Fiscalía. Nos deja en una posición muy complicada, el daño reputacional es excesivo".
Esta opinión la comparte con la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que de hecho ejerce como acusación popular en la causa. Pero la APIF ha dado un paso más, ya que García Ortiz no dimite y el Gobierno no lo cesa, y ha enviado un escrito solicitando al Tribunal Supremo que suspenda a García Ortiz de sus funciones.
En su escrito, la asociación sostiene que "la suspensión es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso", en tanto que si García Ortiz continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral "él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".
"Evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, actuaría al servicio del propio acusado. Precisamente para evitar esta insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a García Ortiz".
Ante la petición, Hurtado ha dado tres días a la Fiscalía y resto de partes personadas para que se pronuncien sobre si deben suspender de su cargo provisionalmente a García Ortiz, "una vez se dicte auto de apertura de juicio oral". Otorga este plazo para que todas las partes "aleguen lo que a su derecho convenga".
Y todo esto ocurre con las asociaciones progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales en silencio.
