El 16 de octubre de 2024, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordaba "por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos respecto a la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular" (Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso).
En concreto, la revelación se produjo mediante la presunta filtración de un correo electrónico (del 2 de febrero de 2024) entre el abogado de García Ortiz y el fiscal, un correo en el que su cliente negociaba un acuerdo de conformidad con el fiscal.
La última novedad que se ha producido en este caso es que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), como acusación particular personada en esta causa, ha pedido nada menos que 6 años de cárcel y doce de inhabilitación para su jefe, Álvaro García Ortiz.
A juicio de la APIF, la difusión del citado correo tuvo una "serie de efectos lesivos" para el novio de Díaz Ayuso, como afectarle "notablemente" en su imagen, ya que "se le llamó defraudador o delincuente confeso cuando todavía no había recaído ninguna sentencia condenatoria que así lo estableciera". Todo ello le produjo un "enorme quebranto a sus relaciones personales y sociales" y "le ha generado perjuicios de índole económico", además de "mermar notablemente" sus derecho procesales.
Asimismo, la APIF pide 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación para la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada por el Supremo en la misma causa, a la que ve como colaboradora necesaria en los mismos delitos.
La APIF acusa a su jefe (insistimos, a su jefe) de haber cometido los delitos de prevaricación administrativa y de descubrimiento y revelación de secretos.
Además, esta asociación pide al Supremo que cuando se abra juicio oral contra García Ortiz, se le suspenda de empleo y sueldo.
También pide la declaración de testigos, entre ellos, el ya exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Y a, todo esto, el propio interesado, es decir, González Amador, pide 4 años de cárcel para el fiscal general por revelar sus datos tributarios y 300.000 € de indemnización ya que "resulta imposible concebir una actuación de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto", afirma en su escrito de acusación el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
