El presidente del Gobierno Pedro Sánchez estaba citado el miércoles 12 en el Juzgado de Instrucción número 98 de Madrid, para participar en un acto de conciliación con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien el secretario general del PSOE llamó "delincuente confeso".
Y como Sánchez es un hombre ocupado, a la par que arrogante, no ha acudido a tal acto de conciliación -es cierto que no estaba obligado, que podía hacerlo su abogad--, por lo que lo más seguro es que ahora el señor González Amador presente una querella contra él por la vía penal, seguramente ante el Tribunal Supremo (por estar Sánchez aforado), "por presuntas injurias y calumnias".
Cabe recordar que el motivo de la disputa es que Sánchez le llamó "delincuente confeso" el pasado 17 de octubre, en unas declaraciones en las que el presidente del Gobierno trataba de defender al Fiscal General del Estado, imputado por el Supremo el día anterior (16 de octubre).
Estas fueron las palabras concretas del líder del PSOE: "Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo".
González Amador reclama a Sánchez una indemnización de 100.000 euros por "infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español", al igual que hizo cuando denunció al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por idénticas razones.
También hay que recordar que el pasado 16 de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordaba "por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en relación con la difusión de datos relativos a una investigación por delitos de defraudación tributaria y falsedad documental contra un particular", es decir, contra González Amador.
El juez del Supremo que investiga a García Ortiz, Ángel Hurtado, explicó así la gravedad del presunto delito, el pasado 27 de enero: "Cuando aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto G.A. se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.
Y ese 'daño reputacional' es el que alega González Amador para querellarse contra esta tríada del Gobierno que le insultó "defraudador confeso": Pedro Sánchez, Félix Bolaños y María Jesús Montero...
