La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo rechazó ayer el recurso del Fiscal General del Estado contra su procesamiento por revelación de secretos (fiscales, de un particular, el novio de Díaz Ayuso). Ahora, a Álvaro García Ortiz solo le queda esperar la fecha de comienzo del juicio. Y mientras, Pedro Sánchez, que antes de llegar al poder exigía la dimisión de cualquier cargo público por el hecho de estar imputado, sigue respaldando en su puesto a su fiscal general. Otra sinvergonzonería más del presidente del Gobierno. 

En este contexto se han sucedido hoy las reacciones. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha dicho: "Creo que la situación del fiscal general del Estado es absolutamente insostenible. Lo es desde hace muchísimo tiempo, pero mucho más ahora que el Tribunal Supremo ha confirmado que está al borde de sentarse en el banquillo de los acusados precisamente por saltarse la ley que juró proteger".

También desde el PP, su secretario general, Miguel Tellado, acusaba al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de sostener en el Gobierno a Pedro Sánchez: "Es corresponsabilidad de Emiliano García-Page, exclusivamente de Emiliano García Page", porque "se le llena la boca criticado Pedro Sánchez, pero sus diputados mantienen con vida y con oxígeno a un gobierno finiquitado".

Asimismo, en relación a la corrupción, ayer trascendía que Belén Cerdán -la hermana del exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, el cual está actualmente en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo-, cobró 22.200,84 euros en el año 2020 de Servinabar, la empresa navarra a la que se adjudicó la obra de los túneles de Belate, con muy poca experiencia en la construcción, y de la que participaba Santos con un 45%, según descubrió la UCO de la Guardia Civil en un contrato privado.

Cabe recordar que a la empresa Servinabar se le vincula con la presunta trama corrupta en la que están invstigados el propio Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el asesor de este, Koldo García.

Hoy, en declaraciones a Diario de Navarra, Belén Cerdán aseguraba que "me pagaron por trabajar seis meses en la contabilidad como autónoma". 

Por otra parte, hoy ha publicado El Español que Servinabar pagó a Prestomedia --la empresa de Jesús González Mateos, marido de la expresidenta navarra Uxue Barkos-- 4.840 euros en el tercer trimestre del año 2018, el año en que el Gobierno de Navarra que presidía la propia Barkos adjudicó 9 millones de euros en contratos a la propia Servinabar. Cabe recordar que Uxue Barkos (de Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra) fue presidenta de Navarra entre 2015 y 2019, en coalición Izquierda-Ezkerra y con los apoyos de EH Bildu. 

Uxue Barkos ha emitido después un comunicado defendiendo su “honorabilidad” y explicando  que ese pago se debía a un patrocinio y que fue totalmente legal. 

Por otra parte, ayer publicó Esteban Urreiztieta en El Mundo que el comisionado del Gobierno para la Dana, José María Ángel Batalla, falsificó un título para convertirse en funcionario, presentando una titulación de diplomado en Archivística y Biblioteconomía que no existían en ese momento --año 1983-- en la Universidad de Valencia.  

Poco después, Ángel Batalla también remitía una nota de prensa en la que aseguraba: "No ha existido ninguna irregularidad en mi acceso a la función pública en 1983 ni en el acceso a la plaza de ayudante técnico en 1986. Siempre he cumplido con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias". 

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ya había abierto diligencias preprocesales para investigarle hace unos meses, antes de que el caso se hiciese público.  

El PP, por boca de Ester Muñoz, ya ha pedido su dimisión: 

Cabe recordar, además, que la semana pasada dimitió de todos sus cargos la diputada del PP, Noelia Núñez, por haber falsificado su currículum. Pero no se preocupen, nadie del PSOE hará lo mismo, pese a que presumen de limpieza y ejemplaridad en la vid pública...