Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción —presunta o no presunta— de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso PSOE: el juez del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga si el Partido Socialista se financió ilegalmente. Santos Cerdán y Pedro Sánchez lo han negado "rotundamente". Pero el juez Moreno ha abierto pieza separada, y secreta, sobre los pagos en metálico aportados por el PSOE, dada la "gravedad" de los hechos. La investigación está bajo secreto de sumario. El pasado 12 de marzo, el empresario Víctor de Aldama entregó en secreto al juez un sobre que contendría pruebas de la presunta financiación ilegal del PSOE.
En relación a este caso, El Español informa hoy de que Aldama, en su declaración ante el juez Moreno, acusó a Zapatero de urdir la venta de los seis millones de barriles de petróleo venezolano --por un valor de 250 millones de euros-- para presuntamente financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. Según Aldama, el expresidente del Gobierno asumió el control de la operación justo después de la visita de Delcy Rodríguez a Madrid y en ella se adelantaron cinco millones de euros en una cuenta en un banco ruso que controlaría Zapatero. Curiosamente, Francisco Flores, el empresario venezolano fallecido misteriosamente en febreroFrancisco Flores, el empresario venezolano fallecido misteriosamente en febreroFrancisco Flores, el empresario venezolano fallecido misteriosamente en febrero, era quien ostentaba la licencia para operar los cupos de crudo.
2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en marzo de 2021, un rescate que costó al erario español 53 millones de euros, en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez --propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra-- fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional tras hallar la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional indicios de que hay detrás de la trama una «organización criminal» y tras adquirir el caso una "nueva dimensión”. La jueza se mostró hasta “escandalizada” de lo que vio. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama --titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia-- ha aceptado su instrucción, decretando el secreto del sumario. Sobre Plus Ultra se sospecha que, presuntamente, era un instrumento del régimen chavista para blanqueo de capitales (dinero, oro) y supuestos envíos de drogas y armas… Y Víctor de Aldama ha llegado a revelar que la aerolínea traía "una mercancía especial que él (Zapatero) sabe perfectamente cuál es".
En relación a este caso, en una reciente entrevista en Onda Cero, Zapatero declaró: «He tenido relación con algunas consultoras en las que esa relación consistía en una reunión al mes, hacer mi análisis de la situación política o económica». Hoy ABC afirma que, según esas declaraciones, el expresidente del Gobierno español infringió el contrato de exclusividad que tenía en el sector de la consultoría para supuestamente poder trabajar de forma clandestina para la empresa Análisis Relevante, la de su amigo detenido Julio Martínez. Y es que, según los expertos, en el sector de la consultoría la exclusividad es común.
3.- Caso Leire Díez: la 'fontanera' del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la AN, Antonio Piña; y el del Número 5 de la AN, Santiago Pedraz); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. Cabe recordar que fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y Vicente Fernández, hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018.
En cuanto a este caso, La Razón desvela hoy que las cloacas del PSOE se quejaron ante Santos Cerdán de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «no había hecho nada por limpiar» a los agentes de la UCO, fiscales y jueces que pudiesen perjudicar al partido con sus investigaciones.
