Explicó ayer Hispanidad que el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente el voto de los nacionalizados en virtud de la ley de Memoria Democrática 20/2022 (conocida como 'Ley de nietos' en sus efectos electorales) ante la duda razonable de que se pueda alterar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), por tanto, el resultado de las elecciones.

Vox y Iustitia Europa pidieron al Supremo que se suspendieran cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones en el CERA derivadas de la aplicación de la llamada Ley de Nietos, mientras se resuelve su recurso al alto tribunal. Ambos cuestionaron la aplicación de la normativa y alertaron del riesgo de que un aumento del CERA pudiera afectar a la correcta formación del censo y a la determinación de las circunscripciones electorales. Es decir, que Vox e Iustitia Europa cuestionan que puedan ejercer el derecho de voto personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Nietos cuando no se haya acreditado documentalmente que sus ascendientes fueron exiliados en los términos exigidos por la ley.

Y es la misma sospecha que tiene el Supremo y por ello pidió a la Junta Electoral Central (JEC) que ordenase a la Oficina del Censo Electoral que entregue los expedientes por los que se han inscrito en el censo electoral como consecuencia de la ley de Memoria Democrática (denominada ley de nietos). O sea, revisar los concedidos hasta el momento.

En el fondo, lo que busca el Supremo es que se cumpla la ley, esto es, que los consulados demuestren que los nacionalizados cumplen con el requisito de ser descendientes de exiliados españoles. Y que se suspendan los efectos electorales de aquellas nacionalizaciones que no puedan demostrar el vínculo con el exilio mientras se resuelve definitivamente el procedimiento (la Sala Tercera del Alto Tribunal aún deberá dictar sentencia sobre este asunto en los próximos meses).

En ese contexto, el economista Juan Ramón Rallo ha grabado un vídeo en el que pone el ejemplo de Suecia para explicar cómo las nacionalizaciones masivas de inmigrantes pueden cambiar o alterar los resultados electorales.

Cabe recordar que, en Suecia, tras las elecciones legislativas celebradas el domingo, el bloque de la izquierda -al que le han votado mayoritariamente inmigrantes- encabeza el recuento, con un estrecho margen de votos: 33.541 votos a favor de la centroizquierda, aproximadamente 0,53 puntos porcentuales sobre los votos de ambos bloques. Lo que permite que el bloque de centroizquierda habría obtenido 176 escaños. Mientras que el bloque de centroderecha contaría con 173...

Dice Rallo: "A falta de incorporar los sufragios extranjeros, parece que la derecha ha perdido las elecciones en Suecia por un estrecho margen de menos de 30.000 votos, únicamente 30.000 votos entre los más de 6 millones emitidos. Y además hay barrios enteros de Estocolmo y de Gotemburgo, donde la izquierda ha sacado más del 90% de las papeletas. No el 60%, no el 70%, sino más del 90% Y que tienen en común todos esos barrios donde la izquierda ha arrasado y que claramente han inclinado la balanza de poder en estos comicios generales, pues que son barrios donde vive la inmigración que ha llegado al país en los últimos 15 años, una oleada migratoria que además en 2022 y 2023 todavía no podía votar en muchos casos y que ahora sí ha podido, porque Suecia ha concedido casi medio millón de nacionalidades desde el año 2018. Y esto desde luego abre un importante debate con sus reverberaciones en la ley de nietos española sobre cómo un gobierno puede modificar el censo de votantes para influir decisivamente en el resultado de unas elecciones".

Rallo ha añadido, sobre el caso sueco: "Unas elecciones nacionales son algo bastante más profundo, porque incluso en el extremo, a través de ellas o a través de un referéndum nacional, se puede terminar modificando la Constitución, es decir, los fundamentos políticos de la convivencia dentro de una sociedad. Y por eso los residentes no nacionalizados no tienen derecho a voto en esos comicios. Pues bien, durante los últimos años, muchos inmigrantes que solo eran residentes en Suecia han ido siendo nacionalizados". "El ritmo de nacionalizaciones desde el año 2018, es de entre 60.000 y 90.000 nacionalizaciones cada año desde hace casi una década. ¿Y esto qué implica? Pues que muchos residentes extranjeros que no tenían derecho a voto en los comicios nacionales, han pasado a tenerlo durante los últimos años. Desde el año 2018, medio millón de nacionalizaciones dentro de un país de 10 millones y medio de habitantes, es decir, aproximadamente el 5 % de la población nacionalizada en menos de una década. Solo entre las elecciones de 2022 y las del (domingo) unas 170.000 personas han adquirido la nacionalidad y de ellas, 125.000 han adquirido el derecho al voto por ser adultos. Por tanto, si este colectivo de residentes nacionalizados durante los últimos años tiene una simpatía más o menos sesgada, más o menos inclinada hacia un determinado bloque. En este caso, clarísimamente el bloque de la izquierda, pues entonces ese proceso de nacionalización que no deja de ser una decisión política, puede terminar influyendo como aparentemente ha influido en este caso en el resultado de una selección y en el subsiguiente reparto del poder político. Es decir, un proceso acelerado de nacionalización de residentes extranjeros puede ser, no digo que necesariamente y en todos los casos lo vaya a ser, pero desde luego puede ser una herramienta de manipulación electoral. Si yo como gobierno puedo ampliar el derecho al voto hacia un colectivo que sé que está mayoritariamente inclinado a votarme a mí, pues entonces extender en masa el derecho a voto hacia ese colectivo supone aumentar el número de votantes que me van a apoyar en unas próximas elecciones".

¿A que todo lo que hace Pedro Sánchez tiene sentido? Un sentido antidemocrático, claro. Y por eso hoy ha vuelto a sacar el tema en la sesión de control, refiriéndose a “la suspensión del derecho al voto a 400.000 españoles y españolas. Es una vergüenza”.