Proseguimos con nuestro Diario de la corrupción sanchista, en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas del PSOE y del Gobierno sanchista para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno. También investiga contratos públicos presuntamente irregulares y supuestos cobros de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Las actividades de la trama, es decir, de las cloacas del PSOE, consistían en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes.
Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón.
En relación a este caso, ha trascendido hoy que Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó el caso David Sánchez (el del hermano del presidente del Gobierno) ha pedido al juez Pedraz adherirse al caso Leire como "perjudicada".
Según esta información, la trama Leire contactó con narcotraficantes para tratar de boicotearla.
En concreto, la trama habría contactado con "personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar" contra Biedma, para obtener datos personales que pudieran perjudicarla y desacreditarla pública y profesionalmente.
El instructor del caso, el juez Pedraz, ya ha trasladado la petición y el escrito de la juez Biedma a la Fiscalía.
2.-Caso Koldo: el Tribunal Supremo condenó el pasado 22 de junio, en el caso mascarillas (una trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico) al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión; y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; mientras que a Víctor de Aldama, al que condenó a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, le libró de la cárcel por colaborar con la justicia. Pero en el caso Koldo hay otra parte, la investigación sobre los presuntos amaños y comisiones en adjudicaciones de obra pública y de contratos públicos de material sanitario en pandemia (sobre todo en Canarias y Baleares), que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, concretamente por el juez Ismael Moreno, después de que el Supremo se la enviase tras la renuncia de José Luis Abalos a su acta de diputado, el 28 de enero de 2026. En esta parte están siendo investigados el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-. Y también Víctor de Aldama. También es investigada en este caso la empresa navarra Servinabar, propiedad de Joseba Antxon Alonso, asimismo imputado.
En relación a este caso ha trascendido que la UCO de la Guardia Civil está elaborando dos informes clave, que va a trasladar al juez Moreno, para poder impulsar la causa.
Según VozPopuli, uno de esos informes se refiere a Acciona, la empresa a la que la UCO sitúa como “la principal fuente de ingresos” de Servinabar. Como se recordará, la empresa navarra Servinabar, junto a Acciona y a Oses fueron las tres empresas a las que el Gobierno de Navarra adjudicó las obras de os túneles de Belate, en 2024 (formando una UTE, Unión Temporal de Empresas) por un importe de 62,8 millones de euros. Cabe recordar que el juez Ismael Moreno incorporó en julio de 2026 la adjudicación de las obras de Belate a la investigación del caso Koldo, después de solicitar información sobre este contrato: indaga si hubo irregularidades en la adjudicación, como por ejemplo, la solvencia técnica de la UTE exigida en el concurso.
El otro informe que prepara la UCO se refiere a las cuentas de la familia del exnúmero 2 del PSOE Santos Cerdán. El juez sospecha que la familia podría haberse beneficiado de fondos procedentes de la empresa Servinabar.
3.-José Bono:
Un medio de comunicación ha publicado hoy que José Bono habría usado una sociedad llamada Joasa 2012 SL para facturar 675.813 euros en el año 2025 por trabajar como lobista para compañías que han resultado adjudicatarias de contratos públicos del Gobierno de Pedro Sánchez. El exministro de Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero utilizó una sociedad mercantil para cobrar las mordidas por haber facilitado llegar a integrantes del Gobienro sanchista.
Una operativa que, por cierto, se parece bastante a la usada por José Luis Rodriguez Zapatero y por la que el expresidente del Gobierno está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
Cabe recordar que Alberto Saiz, situado en la órbita familiar de José Bono (familiar político de la esposa de Bono), fue director general del CNI, nombrado por él mismo cuando era ministro de Defensa. Será por falta de información...
También cabe recordar que, el pasado mes de junio, la televisión de República Dominicana CDN, en su programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, emitió un reportaje en el que aparece el nombre del histórico socialista español José Bono vinculado a empresas dominicanas del sector de las energías renovables que habrían podido cometer presuntas anomalías legales.
4.-Caso Begoña Gómez: La mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio confirmó los citados delitos, en los que subsumió los otros dos delitos que le atribuía el juez Juan Carlos Peinado (corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida). Es decir, que la Audiencia Provincial de Madrid no le ha quitado la razón al juez Peinado, sino que se la ha dado. En este caso también están siendo procesados la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El pasado 8 de septiembre, el juez Peinado celebró una vista, un puro trámite procesal, en la que acusaciones y defensa volvieron a exponer sus puntos de vista. El juez se ha tomado unos días de vacaciones y después dictará la apertura de juicio oral con jurado popular y elevará el caso a la Audiencia Provincial de Madrid, quien será quien concrete la fecha del juicio.
Hoy ha sido noticia que la ayudante de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, ha solicitado la anulación de esta última audiencia preliminar (a la que no acudió por estar en un crucero) y realizar otra cuando ella vuelva de vacaciones, es decir, el el 28 de septiembre, un día después de que el magistrado se jubile de forma obligatoria a los 72 años. No se puede tener más jeta.
