Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal.
1.- Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez -esposa del presidente del Gobierno- por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En este caso, entre otras cosas, el juez sospecha que Cristina Álvarez, la ayudante de Gómez, pagada con dinero público, estaría dedicando su tiempo a realizar gestiones para los negocios privados de la esposa del presidente, lo que podría constituir un delito de malversación de fondos públicos.
En relación a este caso, el juez Peinado ha dado diez días al secretario general de Presidencia del Gobierno, “bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia”, para que le envíe los correos electrónicos recibidos y enviados desde una cuenta asignada a Begoña Gómez en Moncloa, “desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha”. Además, ha solicitado al Ministerio del Interior para que le informe si la esposa de Pedro Sánchez voló a países como República Dominicana, Congo o Rusia, entre otros, según informa El Confidencial.
También en relación a este caso, Libertad Digital afirma que se están borrando correos electrónicos relacionados con la investigación.
2.- Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: en este caso se relaciona al expresidente del Gobierno José Luis Rodriguez Zapatero con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, un rescate en el que pudieron haberse cometido ilegalidades y que también se relaciona con Venezuela. Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre, por ser el presunto testaferro del expresidente del Gobierno.
Relacionado con esta investigación, Libertad Digital publica que la Fiscalía --en la época del condenado por un delito de revelación de secretos Álvaro García Ortiz-- encargó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) la investigación de este caso.
Fuentes policiales declararon a este mismo medio que "la actual cúpula de la Policía Nacional se encuentra sumida en el mayor grado de politización desde el inicio de la democracia. El interés en que las pesquisas del caso Plus Ultra fueran llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha disparado las suspicacias internas sobre la necesidad de realizar una voladura controlada de un escándalo que sin duda alguna haría caer al Gobierno".
