Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las fechorías ilegales, inmorales y de todos los pelajes que cometen, a veces presuntamente y otras ya no presuntamente, miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1-Caso Koldo: en este caso, el Tribunal Supremo investiga a Koldo García y a su antiguo jefe José Luis Ábalos --además de al empresario Víctor de Aldama-- por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, en una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico (como mascarillas) durante la pandemia. En este momento, los dos primeros se encuentran en la cárcel por decisión del magistrado Leopoldo Puente, que aprecia un importante riesgo de fuga en ambos.

Hoy OK Diario publica otra entrevista con Koldo en la que este llega a decir: «Con la fortuna de Zapatero viven 5.000 generaciones como la mía». El exayudante de Ábalos añade: «Si Zapatero tuviese su fortuna en España sería bueno porque pagaría impuestos». "Según me dijeron, Zapatero ha hecho negocio con PDVSA y colabora en la exportación de petróleo de Venezuela a otros países”.  

2-Caso Leire Díez: la fontanera del PSOE es investigada en dos causas: contratos públicos presuntamente irregulares (investigados por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña); y operaciones de cloaca para desprestigiar a servidores públicos que podían perjudicar a Pedro Sánchez (jueces, fiscales, guardias civiles), en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego. 

En la primera ramificación están siendo investigados la propia Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, también investigada en el Caso Koldo. 

Cabe recordar que la semana pasada fueron detenidos y luego puestos en libertad la propia Díez y  Vicente Fernández --hombre de la máxima confianza de la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que lo nombró para ese cargo en junio de 2018. 

Hoy ABC informa de que Vicente Fernández incrementó en 424.000 euros sus propiedades durante los 15 meses que presidió la SEPI: declaró bienes inmuebles por 240.000 euros cuando llegó y por valor de 675.000 euros tras su cese. 

En relación a todo ello, El Confidencial informa hoy de que Vicente Fernández admitió el pasado sábado en la Audiencia Nacional que intermedió para que la empresa Erri Berri SL, investigada en la trama de amaños desarticulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, participara en la construcción del nuevo estado del FC Barcelona. 

Por otra parte, según El Español, la SEPI despidió a la socia de Vicente Fernández, María Jesús Garrido --que llevaba mese pidiendo comisiones--, por una simple "falta administrativa", tras abrirle un expediente por "incompatibilidad" que derivó en "infracción grave", pero no presentó ninguna denuncia ante la Fiscalía. 

Además, según El País, la UCO de la Guardia Civil aceleró la detención de Vicente Fernández al darse cuenta este de que lo seguían cuando se dirigía a una cita con Leire Díez. Además, este medio añade que la fontanera del PSOE pudo falsear la venta de un coche para quedarse con 21.500 euros.

Como se recordará, cuando estalló el caso Leire Díez, el PSOE trató de desvincularse de ella. Sin embargo, El Mundo publica hoy que se dedicaba a moderar jornadas y mesas de debate, sobre feminismo, en Ferraz, junto a Pilar Llop y Carmen Calvo. Y todo eso, mientras cobraba, presuntamente, mordidas...

Por su parte, La Razón aporta hoy que la trama de Leire Díez utilizó, al menos, una empresa pantalla, Mediaciones Martínez S.L para cobrar las presuntas comisiones que podrían ascender a más de 730.000 euros. Además, algunos de esos fondos canalizados por Mediaciones Martínez se movieron para Servinabar, 2.000 SL, la empresa navarra de Joseba Antxón Alonso. 

Hablando de Servinabar, La Razón añade también hoy que Servinabar infló el coste de una posible mudanza de la sede central de la empresa pública Mercasa en un contrato "mendaz", según el juez. 

También dentro de la primera derivada del caso Leire Diez, surgió la semana pasada el nombre de la empresa aragonesa Forestalia, que cobró gran fama hace unos años por ser la gran adjudicataria en las subastas de las energías renovables y que está siendo investigada por presunta corrupción y su sede fue registrada por la UCO. Pues bien: según El Mundo, funcionarios denuncian que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, "apartó" a los técnicos que se negaron a dar trato de favor a Forestalia y añaden que el subdirector de Evaluación Ambiental forzaba informes positivos para esta empresa.

3-Caso o trama Hidrocarburos: Esta trama corrupta consistía en pagar a políticos para lograr concesiones para operar tanto al por menor (licencias para gasolineras) como al por mayor (grandes distribuidores de crudo, etc). Y también, en crear empresas pantallas (empresas falsas, también denominadas 'truchas', que aparecen y desaparecen rápidamente para dificultar su rastreo) para evadir el pago de impuestos (el especial de hidrocarburos y el IVA). En esta trama están siendo investigados por la Audiencia Nacional el empresario Víctor de alama y su socio Claudio Rivas.

Sobre este último, hoy el diario ABC informa de que escondió dinero en una finca de Toledo.