Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción  -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Begoña Gómez: como recogió Hispanidad, la mujer del presidente del Gobierno será juzgada por un jurado popular de nueve madrileños por los delitos de tráfico de influencias y malversación, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 16 de julio anuló los otros dos delitos que le atribuía el juez Juan Carlos Peinado (corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida).

Tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Peinado pidió a las partes -a la acusación popular liderada por Hazte Oír, a la Fiscalía y a la Universidad Complutense de Madrid (UCM)- que presentasen sus nuevas peticiones de cara al juicio con jurado popular. Cabe recordar que Hazte Oír había pedido 24 años de cárcel para Gómez y 22 para su ayudante Cristina Álvarez. Mientras que Fiscalía y las defensas pedían la absolución.  

La noticia de hoy es que, tras eliminar la Audiencia Provincial de Madrid dos de los cuatro delitos que se atribuyen a Begoña, Hazte Oír ha pedido de 24 a13 años su petición de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. La acusación popular también pide más de un centenar de testificales, entre las que destacan la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Justicia; Félix Bolaños; el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; el antiguo CEO de Globalia, Javier Hidalgo; el exdirector de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Zurab Pololikashvili y el comisionista Víctor de Aldama.

2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: como recogió Hispanidad, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. El pasado 18 de junio, el juez Calama imputó a las hijas del expresidente del Gobierno Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado cree que hay indicios de que la empresa de Alba y Laura, Whathefav, realizó un "papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes".  Cabe recordar que el empresario Julio Martínez Martínez (Julito) -propietario de la empresa Análisis Relevante SL, investigada por su posible vinculación con el presunto blanqueo de capitales relacionada con fondos públicos otorgados a Plus Ultra- también está imputado en el caso por ser el presunto testaferro de Zapatero. Julio Martínez Martínez (Julito) declaró ante el juez Calama el pasado 21 de julio, ante el cual ratificó que el expresidente intervino en el rescate de Plus Ultra y remarcó que el expresidente socialista «marcaba los pasos a seguir» en la trama que se dedicaba a blanquear fondos internacionales. También cabe recordar que tanto el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola (no confundir con Julito) como el Ceo, Roberto Roselli, reconocieron mediante sendos escritos remitidos al juez, el papel de Zapatero en el rescate.

La noticia es que tanto Julio Martínez Sola como Roberto Roselli, que han sido citados a declarar como investigados, para el 7 y 8 de septiembre, han dimitido de sus cargos. 

En relación a este cargo se ha sabido que el Ministerio del Interior desmanteló el Grupo ARES de la Unidad Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en abril de 2025, con la excusa de "optimizar recursos". Se trata de la unidad encargada de investigar a Plus ultra. Lo cual resuelta altamente sospechoso.

Y también en relación a este caso, se ha publicado que Zapatero está buscando un experto tasador que le rebaje el valor de sus joyas (las que encontró la policía en su despacho) desde los 1,3 millones en que las  valoró la joyería Ansorena hasta menos de 100.000 euros. A ver quién es el guapo que se presta a semejante tejemaneje...

3.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas .orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.

Esa operación, Sánchez se la encargó -presuntamente- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón. 

La noticia de hoy es que el juez Pedraz ha aplazado del 5 de agosto al 18 de agosto la citación de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, para "llevar a cabo el clonado" de su móvil con él presente.

Sobre este caso, hoy también se ha publicado que la intención de la cloaca del PSOE era desactivar al fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón; y al abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán; para dejar sin ayuda al propio Aldama. A Luzón querían aplicarle una "falta grave y expulsión" (lo haría la Fiscalía General del Estado); y a Choclán querían denunciarle ante la justicia. 

4.-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo condenó el pasado 22 de junio, en el caso mascarillas (una trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico) al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión; y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias; mientras que a Víctor de Aldama, al que  condenó a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, le libró de la cárcel por colaborar con la justicia. Pero en el caso Koldo hay otra parte, la investigación sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública y de contratos públicos de material sanitario en pandemia (sobre todo en Canarias y Baleares), que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, concretamente por el juez Ismael Moreno, después de que el Supremo se la enviase tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado. En esta parte están siendo investigados el exnúmero dos del PSOE Santos Cerdán, por los supuestos delitos de organización criminal, cohecho (soborno), tráfico de influencias y corrupción -la UCO le vincula con la trama de cobro de comisiones del 2% en obras públicas adjudicadas por el Ministerio de Transportes-.  Y también Víctor de Aldama. También es investigada en este caso la empresa navarra Servinabar, propiedad de Joseba Antxon Alonso, asimismo imputado. 

Hoy se ha publicado que este último, Joseba Antxon Alonso planeó comprar una casa de un millón a Cerdán, le pagó un renting y también nóminas a su mujer sin que trabajara. 

5.-Caso o trama Hidrocarburos: Esta trama corrupta consistía en pagar a políticos para lograr concesiones para operar tanto al por menor (licencias para gasolineras) como al por mayor (grandes distribuidores de crudo, etc). Y también, en crear empresas pantallas (empresas falsas, también denominadas 'truchas', que aparecen y desaparecen rápidamente para dificultar su rastreo) para evadir el pago de impuestos (el especial de hidrocarburos y el IVA). En esta trama están siendo investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas (el cual tenía una empresa denominada Villafuel). El presunto fraude asciende a, al menos, 182,5 millones de euros en el IVA por parte de la trama. 

En relación a este caso, ha sido noticia que el expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortuzar, mantuvo una reunión con Alejandro Hamlyn, el empresario huido de la Justicia y dueño del Grupo Hafesa, en el primer trimestre de 2023. Alejandro Hamlyn está relacionado con el denominado caso Hafesa o Operación Drake, una investigación de la Audiencia Nacional sobre un presunto macrofraude del IVA en el comercio de hidrocarburos entre 2016 y 2019. Se le considera prófugo porque no compareció ante la Audiencia Nacional cuando debía comenzar el juicio oral.

Y en otro orden de cosas, como recogió Hispanidad, la televisión de República Dominicana CDN, en su programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, emitió un reportaje en el que aparece el nombre del histórico socialista español José Bono vinculado a empresas dominicanas del sector de las energías renovables que habrían podido cometer presuntas anomalías legales. Y una investigación policial de EEUU le salpica en actividades “opacas” de varios dirigentes políticos de aquel país.

Hoy ha sido noticia que la red de negocios de Bono conecta el ladrillo manchego con intereses millonarios en la República Dominicana.