Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: como recogió Hispanidad, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y, en una pieza separada, le investiga también por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. Posteriormente, el juez Calama ofreció a la Agencia Tributaria personarse en el caso de las joyas, como perjudicada. 

Ayer recogió Hispanidad que el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga opina que la justicia boliviana debe procesar a Zapatero por favorecer en ese país a la empresa peruana Grupo Gloria, a cambio de recibir 200.000 euros, según la UDEF: «Y resulta que ahora este ratero estaba acá para robarle a los bolivianos y los chuquisaqueños. Se tiene que hacer justicia en ese tema», dijo Quiroga. 

El pasado miércoles 1 de julio, el Senado de Bolivia aprobó la creación de una comisión para investigar ese caso de la empresa peruana Grupo Gloria, y la supuesta influencia de Zapatero a su favor ante autoridades de Bolivia, a cambio de la nada desdeñable cifra de 200.000 euros.

Respecto a la pieza separada del caso de las joyas, cabe recordar que el propio Zapatero, en su comparecencia del 17 de junio de 2026 ante el juez Calama, le dijo a este que necesitaba "una semana o diez días" para justificar el origen de esas joyas. Pues bien: han pasado ya dos semanas y el magistrado -y los españoles- seguimos sin conocer de dónde, cuándo y cómo llegaron esas joyas a su poder. Aunque The Objetive asegura hoy que si Arabia certifica sus joyas, su precio se dispararía -su valoración en el mercado aumentará considerablemente- por lo que se sobrepasaría el límite que marca el delito fiscal agravado...

Este mismo medio informa también de que el Parlamento navarro -a iniciativa del PP- va a obligar a la presidenta socialista de Navarra, María Chivite, a responder acerca de sus reuniones con ChinaLink ESGT y Energy China, las dos empresas chinas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional relaciona con pagos a Zapatero.  

También en relación a Zapatero, hoy se ha publicado que este cobró 47.000 € por formar parte del jurado de unos galardones apoyados por la Alianza de Civilizaciones de su amigo Miguel Ángel Moratinos, cuando abandonó el cargo de minsitro de Asuntos Exteriores... de Zapatero.

Cabe recordar que la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas fue una creación de Zapatero, a la que se fue a trabajar su amigo Miguel Ángel Moratinos, y que fue financiada por el Gobierno español... Y ahora, según esta información, Zapatero se lleva -presuntamente- 47.000 € de unos premios apoyados por la Alianza de Civilizaciones, financiada por el Gobierno español. No suena bien. 

2.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno. Esa operación, Sánchez se la encargó -presuntamente- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Ene se contexto, Leire Díez mantuvo al menos tres reuniones con la directora general de la Guardia Civil Mercedes González entre 2024 y 2025. El objetivo de Díez era instigar" a Mercedes González para que esta "iniciara actuaciones administrativas" contra los agentes que investigaban al entorno de Sánchez y al Gobierno, cosa que habría conseguido, pues se abrió una investigación interna contra la propia UCO, que se abrió entre el 9 y el 14 de mayo de 2025 con la excusa de esclarecer supuestas filtraciones. También se pretendía denunciar a la UCO ante la Fiscalía General del Estado y recopilar “datos e información personal y reservada” de los mandos. 

Además, según el sumario del caso Leire Díez, el jefe de la UCO entre julio de 2023 y diciembre de 2025, el coronel Rafael Yuste, declaró ante sus subordinados (cuando estos le preguntaron por orden del juez Ferraz, el miércoles 27 de mayo) que el entonces director de la Guardia Civil Leonardo Marcos (cargo político nombrado por el Gobierno sanchista, entre junio de 2023 y septiembre de 2024) y el máximo jefe de la Guardia Civil, el Director Adjunto Operativo DAO, el teniente general Manuel Llamas, le presionaron para que sus agentes se “pusieran de perfil” en las investigaciones contra el entorno de Pedro Sánchez, por ejemplo, en las investigaciones a su hermano David, las cuales calificaron despectivamente como "prospectivas y malintencionadas”. El pasado 26 de junio, el general Yuste ratificó ante el juez Pedraz su declaración. 

Por todo ello, el juez Pedraz imputó ayer 2 de julio a la directora de la Guardia Civil Mercedes González por su "colaboración" con las "cloacas del PSOE", y al Director Adjunto Operativo DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, por lo mismo. 

Hoy, según publica El Español, Pedro Sánchez ha dado la orden al PSOE y al Gobierno de resistir y evitar dimisiones, amparándose en una supuesta campaña de desgaste y ataque al Gobierno. En opinión del presidente del Gobierno -que no hace mucho defendía que un cargo público debe dimitir si es imputado-, ahora dimitir es un síntoma de debilidad. No se puede tener más jeta. 

Ayer, por cierto, las principales asociaciones de la Guardia Civil pidieren la dimisión de Mercedes González y del ministro Fernando Grande-Marlaska:

En relación a la corrupción socialista, se ha producido hoy una novedad. Y es que Olga García García, exconsejera de Transición Ecológica en el Gobierno extremeño del fallecido Guillermo Fernández Vara (PSOE), y actual presidenta de la empresa pública Enresa -participada por la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales)-, ha sido imputada en un juzgado madrileño. Por lo que ha sido llamada a declarar el próximo 7 de octubre. En este caso, el juzgado madrileño investiga un supuesto trato de favor por parte de la administración a la empresa Iberdrola, en la creación de un parque fotovoltaico en la ciudad de Alcántara (Cáceres), en el año 2024. Esa instalación fotovoltaica llego a percibir un total de 22 millones euros procedentes de fondos europeos públicos Feder.