Tal y como recogió Hispanidad el pasado 28 de enero, tras bajarse los pantalones de nuevo ante el fugitivo de la justicia española Carles Puigdemont, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al final, tras asegurar que no lo haría (volvió a mentirnos), troceó el 'decreto ómnibus', que ahora incluye 29 medidas (en lugar de las 80 rechazadas por el Congreso la semana pasada) y aceptó también tramitar en el Parlamento la cuestión de confianza, lo que no significa que se vaya a someter a ella. 

Este nuevo 'Real Decreto Ley Social', por cierto, debía ser convalidado por el Congreso en las semanas siguientes. Y eso es lo que ha ocurrido hoy, con el apoyo de Junts y también del PP, que a la vez criticaba la "mentira", el chantaje" y la "falta de integridad" del Gobierno y se mostraba en contra de la cesión al PNV de un palacete en París valorado en 15 de millones de euros. 

Y es que en este nuevo decreto de 'ayudas sociales' aprobado hoy (insistimos 29, no las 80 iniciales que pretendía el Gobierno y que fueron tumbadas por PP, Vox y Junts, con 177 votos en contra) hay algunas tan 'sociales' como ceder al PNV el palacete de París, que es la actual sede del Instituto Cervantes, por una reclamación histórica de los nacionalistas vascos: el Instituto Cervantes deberá pagar el alquiler al PNV hasta el 31 de diciembre de 2030, una bonita forma de financiar a estos 'aprovechategis'. 

-Otras medidas incorporadas al nuevo decreto son, por ejemplo, las ayudas por la DANA: a la Generalitat Valenciana y ayudas a municipios, empresas y personas afectadas (por ejemplo, a los dueños de parcelas agrarias que fueron destruidas). También se repararán los desperfectos en el barranco del Poyo (con 26 millones) y las carreteras del Estado en Valencia, con 78,5 millones.

-Ayudas por el volcán de La Palma: hasta el 30 de junio de 2025, para la reconstrucción económica de la isla: incluye ERTE, el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social de las empresas y autónomos, prestación por cese de actividad a los autónomos o la extensión de la moratoria hipotecaria en los municipios afectados.

-Ayudas al transporte público (hasta el 30 de junio): mediante abonos gratuitos para pasajeros frecuentes de Cercanías, Metro, autobús...

-Prórroga de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables durante todo 2025.

-Medidas para combatir las okupaciones ilegales.

-Creación de un sistema público para proteger a los propietarios de vivienda (esta medida no figuraba en el anterior decreto rechazado por el Congreso): consiste en la concesión de avales para cubrir posibles impagos en el alquiler, con la finalidad de agilizar el acceso al alquiler y evitar conflictos entre propietarios e inquilinos. También cubre el pago de los desperfectos ocasionados por los «okupas» o morosos.

-Prohibición de cortes de suministros para personas o familias vulnerables: se refiere al agua, luz y gas. 

-Las subidas de cotizaciones previstas para 2025, incluida la Cuota de Solidaridad y el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

-Bono social eléctrico: extensión de la ayuda a consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025.

-Prórroga del escudo antiopas, hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta norma faculta al Gobierno a  vetar la compra de participaciones iguales o superiores al 10% de empresas cotizadas en España  y de empresas no cotizadas cuando el valor de la inversión supere los 500 millones de euros (de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, salud y orden público).

-Pensiones: Revalorización de las pensiones contributivas conforme al IPC (2,8%); subida del 6% para las pensiones mínimas y del 9% para las pensiones no contributivas; así como subida de la pensión máxima hasta los 3.267,60 euros al mes.

-Subida del 9% del Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

-Medidas para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Por otra parte, entre las medidas que NO han sido aprobadas: figuran las tributarias (por ejemplo, el Impuesto a la banca, medidas en el IRPF o el IVA); la Prórroga del Plan Moves III y deducciones del IRPF para vehículos eléctricos; las Ayudas a empresas electrointensivas; las Entregas a cuenta a las comunidades autónomas; la Prórroga relativa al servicio postal; las Subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente; o la Modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.