Pedro Sánchez está empeñado en sacar adelante el decreto ómnibus completo, sin trocear, como sería lógico. Porque nada tiene que ver la revalorización de las pensiones con el control de las redes sociales. Lo primero lo aprobaría la mayoría del Congreso; lo segundo, probablemente, no.

Por eso, el presidente del Gobierno insiste en el ‘todo o nada', porque lo que busca en realidad es la base legal para perseguir a todo aquel que le critique en redes sociales. El Gobierno no persigue bulos, censura opiniones y, tras amenazar a los medios de comunicación críticos, se dispone a otorgar plenos poderes a la CNMC para perseguir a los que le critiquen en redes sociales, justo ahora, cuando ha comprobado que no puede pisar la calle sin ser abucheado e increpado por los ciudadanos. El último ejemplo, el dispositivo de seguridad desplegado para su reciente visita a Valencia.

El texto que quiere aprobar Moncloa es suficientemente claro: “A fin de ejercer la competencia inspectora que le corresponde según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2022/2065, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá realizar todas las inspecciones necesarias en las instalaciones del prestador de servicios intermediarios de que se trate o de cualquier persona física o jurídica que actúe con fines relacionados con su actividad comercial, negocio, oficio o profesión que pueda razonablemente tener conocimiento de información relativa a la presunta infracción”, afirma el decreto ómnibus.

Y continúa: “Los funcionarios autorizados para llevar a cabo una inspección podrán:

  1. Entrar en los locales, terreno y medios de transporte del prestador de la plataforma en línea de muy gran tamaño o del motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño de que se trate o de cualquier otra persona de que se trate”.

En otro punto, el texto autoriza al personal de la CNMC de la muy independiente Cani Fernández a “precintar todos los locales utilizados”, durante la inspección.

Por cierto, el control y la censura que pretende imponer Sánchez en España no es un mandato ni una transposición de una directiva europea. Es cierto que el Reglamento (UE) 2022/2065 habla de luchar contra la desinformación, esto es, la coartada para censurar opiniones, pero en ningún momento propone medidas tan invasivas y tan duras como pretende instaurar Sánchez el demócrata.

Llama la atención, en cualquier caso, que la oposición critique el decreto ómnibus por incluir un palacete en París para el PNV y no diga nada acerca de este ataque frontal a la libertad de expresión de los ciudadanos en redes sociales. Nos va a pasar como a los venezolanos: cuando queramos reaccionar será demasiado tarde.