Jueces y fiscales quieren ir a la huelga en julio para protestar por la 'Reforma Bolaños'

Quieren, pero el pleno del Consejo General del Poder Judicial por unanimidad ha decidido que, tal y como lo hizo también en el Pleno del 9 de febrero de 2009, "el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos". 

En otras palabras, el órgano presidido por Isabel Perelló no ve ilegal la huelga, pero tampoco tiene soporte normativo para apoyarla, tampoco para fijar servicios mínimos, por tanto, a los convocantes no les deniega la huelga, pero, si finalmente se lleva a cabo, esta no puede afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables.

Es decir, si al final van a la huelga, pueden hacerlo, pero no pueden quedar desatendidas cualquier "decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial". 

El CGPJ no dice ni un 'no', ni un 'sí' a los jueces y fiscales, la huelga en su caso no está regulada específicamente, por lo que no pueden autorizarla, pero tampoco pueden prohibirla y descartan medidas y sanciones para quien acudan al paro. 

Además, el Pleno ha acordado otros cuatro puntos con los votos de los vocales conservadores y el de la presidenta, respaldando varias reivindicaciones de los jueces y fiscales que querían la huelga. 

Así, han secundado parte de las críticas al proceso de estabilización que pretende imponer Bolaños: "El proceso extraordinario de estabilización rebaja considerablemente los requisitos ordinarios para acceder a las carreras judicial y fiscal por el turno libre o por el denominado “cuarto turno”, menoscabando con ello el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas garantizado en el art. 23.2 de la Constitución".

También han reconocido los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación de las pruebas de acceso a la carrera judicial, así como su profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en situaciones no siempre favorables.

El Pleno también ha acordado apelar al Gobierno, como ya hizo en mayo, por sus críticas a los jueces, aunque el CGPJ entiende la libertad de expresión y que ésta ampara la crítica a resoluciones judiciales, en el caso de que las críticas y los ataques venga por parte de los representantes políticos, la cosa cambia: "compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones". 

Por último, el Pleno ha rechazado un documento respaldado por los nueve vocales progresistas, que defendían que, además de tener que contar con soporte legal, los jueces, como integrantes del poder del Estado, deben cumplir con sus obligaciones "sin que sea posible la suspensión o alteración de la actividad judicial derivada del llamamiento a una movilización que no cuenta con el amparo normativo correspondiente".