El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos -que puede acerrear hasta 4 años de cárcel-, relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

El Gobierno de Sánchez ha conseguido, una vez más, un hito histórico: se trata de la primera vez que un máximo responsable de la Fiscalía será juzgado. 

La resolución pone fin a ocho meses en los que el Supremo ha estado investigando, desde el pasado octubre, cuando recibió el traslado de la causa, porque no debemos olvidar que García Ortiz es aforado, al ocupar el puesto de fiscal general del Estado.  

Inicialmente, en un comunicado del Supremo, se descartaba que la supuesta revelación de secretos por la cual García Ortiz estaba siendo investigado supusiera un delito. Pero la cosa se ha hinchado, y el magistrado ha dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado contra el fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Sí, Rodríguez la que en la nota de prensa por la que ahora son imputados, quería echar "un poquito de cianuro", la misma que ha dado luz verde al procesamiento de dos exaltos cargos de Ayuso. 

La decisión de Hurtado se basa en que ve indicios suficientes de presunto delito de revelación de secretos contra ambos, y señala que, existe base suficiente para presumir que el fiscal general facilitó a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico con fecha de 2 de febrero de 2024. Un correo del abogado de González Amador al fiscal encargado del caso de éste. El contenido del mensaje llegó al fiscal general, y Hurtado destaca que la información contenida era de naturaleza sensible y que incluía aspectos y datos personales de un ciudadano en el marco de una conversación privada entre letrado y fiscal, sujeta a criterios estrictos de reserva y confidencialidad. 

El juez instructor data el comienzo de todo este asunto con la publicación en El Mundo de una información en el que se aseguraba que la fiscalía había ofrecido a la pareja de Ayuso un pacto para que admitiera dos delitos fiscales, tras el revuelo, y bajo indicaciones de Presidencia del Gobierno, el fiscal general inició "una dinámica de frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp", buscando "ganar el relato" y dejar claro que el Ministerio Público no había ofrecido ningún pacto. 

El auto señala que Pilar Rodríguez solicitó a Juan Salto Torres, fiscal encargo del caso, la información sobre este asunto, con la "finalidad" de "reenviarlos inmediatamente al correo electrónico de Álvaro García Ortiz, pero no al oficial, sino al particular, según él mismo le había indicado, como así hizo Pilar, efectivamente, para, a continuación, aquel, de acuerdo con la colaboración que ésta le prestó, acabar facilitándolo a un medio, como la Cadena SER, para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría el confidencial contenido de ese correo de 2 de febrero de 2024, lo que así ocurrió mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofónico 'Hora 25' de dicha emisora, que no fue sino un adelanto de su publicación a las 23:51 horas en la web de dicho medio”.

Después, y en "unidad de acto" con la noticia, García Ortiz procedió a confeccionar el comunicado oficial usando la documentación proporcionada por Rodríguez. La nota apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre las 10:20 horas del día 14 de marzo de 2024.

El auto revela que, paralelo a esta filtración, desde la Fiscalía General se envió copia del correo de González Amador a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado y directora del Gabinete del Presidente del Gobierno. Sánchez Acera le proporcionó el documento, dando instrucciones, a Juan Lobato, por aquel entonces portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo usara en su intervencióon contra Ayuso. 

Todo esto, hace que Hurtado procese a García Ortiz, motivo histórico que ha valido a Feijóo para exigir la dimisión del fiscal general. 

Por su lado, Carmen Fúnez, Vicesecretaria de Organización del PP, ha tirado más de ironía, preguntándose "¿De quién depende el fiscal general cuyo procesamiento acaba de ordenar el Tribunal Supremo?".

Las reacciones del Gobierno llegan con cuentagotas, eso sí, ni una palabra de dimisión o cese. En el 2018, con el primer Gobierno de Sánchez, el mero hecho de ser investigado era motivo de renuncia. En el 2025, ¿qué tiene que pasar para que cese o dimita alguien?