Como recogió Hispanidad, el pasado 20 de diciembre, declaraba ante el juez Juan Carlos Peinado -el que instruye el caso Begoña Gómez- en calidad de testigo (por tanto, con la obligación de decir la verdad), Cristina Álvarez, una funcionaria que ejercía como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia desde julio de 2018 -es decir, pagada con dinero público de todos los españoles-, que fue asignada para ayudar a la esposa del presidente y que el pasado noviembre se negó a responder en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, a instancia del PP, sobre si había realizado gestiones para negocios privados de la mujer de Sánchez. 

Lo que trascendió de la declaración de Álvarez ante el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid fue que explicó que su función incluía gestionar la "agenda privada" de la mujer del presidente del Gobierno y, por tanto, "temas personales”. 

Como se recordará, el pasado 15 de noviembre, la prensa recogía un correo electrónico -que forma parte del sumario de la causa sobre Begoña Gómez- enviado por Cristina Álvarez a la empresa Reale pidiéndole que siguiera patrocinando la cátedra de Begoña Gómez: (a la esposa del presidente) "le encantaría" (que siguierais patrocinando la cátedra), (se refería a la cátedra de Transformación Social Competitiva que la esposa del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense). Es decir, que ese correo probaría la implicación de una empleada pública en las actividades presuntamente «privadas» de la mujer del presidente, Pedro Sánchez.

Tras esa declaración del 20 de diciembre, el titular del juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid -que, recordemos, investiga a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro presuntos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral- imputó a Cristina Álvarez. Es decir, que de testigo pasó a ser investigada (término con el que ahora se denomina al imputado en alguna causa judicial). 

En una declaración posterior ante el juez Peinado, el pasado 26 de febrero, Álvarez negó haber realizado tráfico de influencias utilizando su cargo para beneficiarse ella personalmente o a terceros. Y también negó haber ejecutado gestión alguna vinculada a la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que codirigió la esposa del presidente Sánchez desde su creación.

Pues bien: la novedad de este caso Begoña Gómez es que el juez Peinado ha decidido abrir una pieza separada sobre la contratación de Cristina Álvarez, por si se cometió un presunto delito de  malversación de caudales públicos.

Y como primera medida, el magistrado ha decidido citar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en calidad de testigo, el próximo 16 de abril, a las 10:00 de la mañana, en el despacho del ministro. A Bolaños le preguntará sobre la contratación y el trabajo de Cristina Álvarez,  porque cuando se la contrató, era secretario general de la Presidencia del Gobierno.