El pasado 12 de diciembre, declaraba ante el juez Juan Carlos Peinado -el que instruye el caso Begoña Gómez- en calidad de testigo, Cristina Álvarez, una funcionaria que ejercía como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia desde julio de 2018 -es decir, pagada con dinero público de todos los españoles-, que fue asignada para ayudar a la esposa del presidente y que el pasado noviembre se negó a responder en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, a instancia del PP, sobre si había realizado gestiones para negocios privados de la mujer de Sánchez. Todo esto estrecha aún más el cerco sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, porque Álvarez era algo más que su ayudante, más bien su ‘conseguidora’ para todos los ‘negocios filntrópicos’.

Lo que trascendió de la declaración de Álvarez ante el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid fue que explicó que su función incluía gestionar la "agenda privada" de la mujer del presidente del Gobierno y, por tanto, "temas personales”. 

Pues bien: la noticia ahora es que el titular del juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid -que, recordemos, investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cuatro presuntos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo laboral- ha imputado a Cristina Álvarez. Es decir, que de testigo ha pasado a ser investigada (término con el que ahora se denomina al imputado en alguna causa judicial). Por lo que deberá declarar de nuevo ante el magistrado el próximo 28 de febrero.

En su auto, el juez Peinado destaca que «de las diligencias hasta ahora practicadas», junto a «la testifical de doña Cristina Álvarez» se puede deducir su «participación» en la causa que investiga. Y por lo tanto, el magistrado determina que «procede el cambio de su estado procesal al de investigado». «Se acuerda dirigir la investigación, contra Cristina Álvarez Fernández como posible partícipe en los hechos investigados, que pudieran ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios», recoge El Debate

Como se recordará, el pasado 15 de noviembre, la prensa recogía un correo electrónico -que forma parte del sumario de la causa sobre Begoña Gómez- enviado por Cristina Álvarez a la empresa Reale pidiéndole que siguiera patrocinando la cátedra de Begoña Gómez: (a la esposa del presidente) "le encantaría" (que siguierais patrocinando la cátedra), (se refería a la cátedra de Transformación Social Competitiva que la esposa del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense). Es decir, que ese correo probaría la implicación de una empleada pública en las actividades presuntamente «privadas» de la mujer del presidente Sánchez.