Hace unos meses les contamos en Hispanidad cómo la ONU había felicitado a Sánchez por cargarse la objeción de los médicos en el aborto.
Cuando Irene Montero consiguió aprobar su ampliación de la ley del aborto, uno de sus caprichos fue que todos, todas y todes deberíamos tener acceso de manera libre, pública y gratuita y en el 'centro más cercano a nuestro domicilio'. Así llegaron los listados de objetores, donde a aquellos miembros del personal sanitario que por su conciencia, creencia o juramento hipocrático, no les permitiera dormir tranquilos el matar a alguien, se apuntaran y así se librarían de tener que perpetrar abortos o eutanasias. Una vez los centros tuvieran el listado harían lo necesario para asegurar que haya personal disponible, en Andalucía incluso se ha puesto un autobús a disposición. El derecho a la objeción de conciencia de los farmaceúticos se lo cargaron directamente: todas las farmacias están obligas a vender las píldoras del día después, bajo penas de un millón de euros si no disponen de ellas. El testigo de la persecución lo recogió la ministra, madre, médico y candidata a la Comunidad de Madrid, Mónica García, que ha hecho suya la batalla para que todo esté bien y que abortes en la pública.
Por lo que no deja de ser curiosa la bipolaridad de Moni y de Más Madrid, que pedirá al Gobierno regional que ningún cuerpo público se vea obligado a participar en un desahucio y proteger así su "libertad de conciencia".
Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por Más Madrid, con la que reclama "llevar a cabo las reformas normativas que garanticen el ejercicio de la libertad de conciencia de los trabajadores públicos dependientes directamente de la Comunidad de Madrid en el caso de ejecución del lanzamiento de vivienda habitual".
Pero es que, echándole aún más cara, exige que se garantice "la ausencia absoluta de ningún tipo de represalia laboral" para aquellos que rechacen participar de estos operativos... no como con las listas negras del aborto.
