Según la Fiscalía madrileña revela en su Memoria correspondiente a 2025 y avanzada por OkDiario, de los 786 procedimientos de determinación de edad concluidos durante el pasado ejercicio, en 346 casos se determinó la mayoría de edad, alrededor del 44%. El Ministerio Público alerta por ello de posibles «fallos en los filtros» de entrada al sistema de protección.

Según La Gaceta, las comprobaciones pueden incluir exploraciones médicas y diferentes técnicas, entre ellas radiografías de carpo, análisis dental del tercer molar o estudios de la clavícula, siempre bajo criterio médico. El resultado no establece una edad exacta, sino una horquilla acompañada del correspondiente margen de error. Cuando un extranjero indocumentado afirma ser menor y existen dudas razonables, la Fiscalía puede ordenar estas actuaciones para decidir si debe ser incorporado al sistema de protección de menores.

La misma Fiscalía considera especialmente preocupante que personas que aseguran ser menores puedan terminar compartiendo instalaciones con niños y adolescentes. En su informe advierte de que esta situación puede provocar que los recursos públicos destinados a la infancia no lleguen a quienes realmente los necesitan y, al mismo tiempo, generar «riesgos y peligros» dentro de los centros de protección.

La Fiscalía sostiene que también han mejorado los mecanismos de identificación en los puntos de entrada a España. Según explica, se está informando a los jóvenes que llegan de manera irregular de la importancia de aportar su edad e identidad reales, con el objetivo de iniciar cuanto antes las comprobaciones cuando existan dudas. El propósito es evitar que lleguen a Madrid personas inicialmente consideradas adultas que posteriormente aseguran ser menores.

Las comprobaciones pueden incluir exploraciones médicas y diferentes técnicas, entre ellas radiografías de carpo, análisis dental del tercer molar o estudios de la clavícula, siempre bajo criterio médico. El resultado no establece una edad exacta, sino una horquilla acompañada del correspondiente margen de error

La Memoria recoge asimismo que en 2025 fueron archivados 5.562 expedientes de protección de menores, casi un 35% más que el año anterior. Al finalizar diciembre continuaban abiertos aproximadamente 8.700. La Fiscalía atribuye parte de esta actualización a la recuperación de las labores de revisión y a la utilización de nuevas herramientas para comprobar el estado procesal de cada expediente.

El organismo también señala problemas para disponer de traductores de lenguas africanas, especialmente bambara, wolof, poular y mandinga. La falta de intérpretes obligó a suspender una docena de comparecencias pese a que las personas afectadas ya se encontraban presentes. La Fiscalía reclama por ello una regulación más precisa del procedimiento de determinación de edad y mayores garantías jurídicas.

A escala nacional, la Fiscalía General del Estado contabilizó en 2025 cerca de 8.000 procedimientos relacionados con la determinación de edad y unos 3.900 permanecían pendientes al terminar el ejercicio. Entre los territorios sometidos a una mayor presión aparece Ceuta, donde la carga de trabajo se ha incrementado especialmente después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.