Sr. Director:
Manos Limpias ha denunciado ante los juzgados de Madrid al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa, al consentir y permitir la acampada ilegal instalada por el Sindicato de Inquilinos en la Puerta del Sol.
La denuncia ha sido presentada este 28 de septiembre por Miguel Bernad Remón, secretario general de Manos Limpias, y pide al juzgado que abra diligencias penales contra el delegado del Gobierno.
Los hechos son conocidos.
El pasado 26 de septiembre, el Sindicato de Inquilinos promovió una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Una ocupación de un espacio público que, según sostiene la denuncia, no está amparada por ninguna norma del ordenamiento jurídico y es, lisa y llanamente, ilegal.
Y, pese a ello, la acampada continúa.
No está escondida. No se desarrolla en un lugar apartado. Está en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, ante la sede de la Comunidad de Madrid y en uno de los lugares más transitados y conocidos de España.
Todo el mundo sabe que está allí.
Los ciudadanos lo saben. Los medios de comunicación lo saben. Las autoridades lo saben.
Y, sin embargo, la autoridad gubernativa la consiente.
Ese es precisamente el motivo por el que Manos Limpias ha acudido a los tribunales.
PREVARICACIÓN POR CONSENTIR LA ILEGALIDAD
El artículo 404 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
La denuncia plantea además la existencia de una prevaricación administrativa por omisión.
La cuestión es sencilla: una autoridad pública tiene la obligación de actuar ante una situación ilegal. Conoce esa obligación. Conoce la situación. Y, pese a ello, decide no actuar y permite que la ilegalidad continúe.
No estamos hablando de un despiste.
No estamos hablando de que nadie se haya enterado.
No estamos hablando de una situación desconocida para la Administración.
La acampada está a la vista de todos y lleva días instalada en la Puerta del Sol.
Por eso Manos Limpias sostiene que el delegado del Gobierno no puede alegar desconocimiento de los hechos y denuncia que su decisión de permitir la permanencia de la acampada puede constituir un delito de prevaricación administrativa.
UNA ACAMPADA EN PLENO CENTRO DE MADRID
La situación tiene además consecuencias directas sobre la vida de la ciudad.
La Puerta del Sol es uno de los principales espacios de tránsito de Madrid. Por ella pasan diariamente miles de peatones y vehículos y alrededor de ella se concentra una intensa actividad comercial y turística.
Una acampada permanente altera ese espacio, dificulta la circulación, afecta a los comercios, condiciona el tránsito de los ciudadanos y plantea problemas de salubridad.
Y todo ello ocurre delante de una institución pública: la sede de la Comunidad de Madrid.
La denuncia de Manos Limpias pone el foco precisamente en esa situación.
Porque una cosa es que alguien proteste.
Y otra muy distinta es que, bajo la apariencia de una protesta, se ocupe ilegalmente un espacio público y la autoridad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley permita que esa ocupación continúe.
MANOS LIMPIAS QUIERE QUE SE INVESTIGUE AL DELEGADO DEL GOBIERNO
El sindicato pide al Juzgado de Instrucción que corresponda de Madrid que admita la denuncia y abra las correspondientes diligencias penales.
Manos Limpias quiere que se investigue por qué se permite la acampada, qué decisiones ha adoptado el delegado del Gobierno, qué obligaciones tenía y por qué no ha procedido a hacer cumplir la ley.
La denuncia identifica los elementos que, a su juicio, configuran la prevaricación por omisión: autoridad competente, obligación legal de actuar, conocimiento de esa obligación, voluntad de no actuar y perjuicio para el interés público y privado.
Y el sindicato anuncia que no piensa detenerse en la denuncia.
En el escrito presentado ante el juzgado afirma que, una vez abiertas las diligencias penales, transformará la denuncia en querella.
El asunto queda así en manos de la Justicia.
Pero el planteamiento de Manos Limpias es tajante:
una acampada ilegal ocupa la Puerta del Sol; el delegado del Gobierno conoce su existencia; la acampada continúa; y el sindicato sostiene que ese consentimiento de la ilegalidad puede ser constitutivo de prevaricación administrativa.
Eso es lo que Manos Limpias ha llevado al juzgado.
