El pasado 8 de septiembre, el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente el voto de los nacionalizados en virtud de la ley de Memoria Democrática 20/2022 (conocida como 'Ley de nietos' en sus efectos electorales).

La citada ley posibilitaba que los descendientes de los exiliados españoles (que se exiliaron por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual) obtuvieran la nacionalidad española.

Sin embargo, una instrucción del Ministerio de Justicia del 25 de octubre de 2022 (dictada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente) abrió el abanico de las nacionalizaciones con esta frase: «Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

Es decir, que ya no se exigía demostrar individualmente que la persona había sido perseguida o que había salido de España por motivos políticos si se podía acreditar que simplemente había salido del país durante ese periodo. Lo que suponía una alteración del censo electoral: porque se está otorgando la condición de exiliado a personas que simplemente emigraron...

En definitiva, la instrucción de Sofía Puente modificó la ley de manera sustancial sin pasar por el Parlamento.

Gracias a la instrucción de Puente llegaron a pedir la nacionalidad española unas 2,5 millones de personas, de las cuales se ha concedido ya la nacionalidad a unas 550.000. La repercusión en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) es evidente.

Lo que busca el Supremo es que se cumpla la ley, esto es, que los consulados demuestren que los nacionalizados cumplen con el requisito de ser descendientes de exiliados españoles. Y que se suspendan los efectos electorales de aquellas nacionalizaciones que no puedan demostrar el vínculo con el exilio mientras se resuelve definitivamente el procedimiento (la Sala Tercera del Alto Tribunal aún deberá dictar sentencia sobre este asunto en los próximos meses).

Pero lo que está claro es que el Gobierno busca un 'pucherazo electoral', al más puro estilo sanchista, como cuando el 1 de octubre de 2016 --hoy hace 10 años--, durante el convulso Comité Federal del PSOE celebrado en la sede de Ferraz, el equipo de Pedro Sánchez trató de ganar una votación colocando una urna fuera de la vista del Comité Federal, detrás de una mampara.

Y es que así se las gasta el sanchismo, con trampas, subterfugios y juego sucio. Y el último ejemplo es que PSOE y Sumar han introducido una enmienda, dentro de una reforma educativa, para blindar la 'ley de nietos' y burlar al Supremo para que puedan votar, antes de la sentencia del alto tribunal, los ya nacionalizados. Es lo que, en la jerga parlamentaria, se conoce como enmienda intrusa, aunque también podríamos llamarla 'enmienda pucherazo'.

Es decir, que esta treta de última hora pretende respaldar legalmente la instrucción impulsada por Sofía Puente, que amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad española, al permitir que determinados solicitantes no tuvieran que acreditar su condición de exiliados y que pudieran acogerse a la normativa por hechos anteriores a la Guerra Civil.

Y eso que los servicios jurídicos del Congreso han alertado de que la maniobra es "inadmisible" y advierten de que puede vulnerar la Constitución.

Pero, insistimos, es el estilo sanchista, sinónimo de pirata.

El PP considera irregular el procedimiento y ha anunciado que recurrirá la decisión ante la Mesa del Congreso. Los populares también estudian acudir al Tribunal Constitucional si su reclamación no prospera. La enmienda, en cualquier caso, todavía debe superar el resto de la tramitación parlamentaria.

En cualquier caso, esta maniobra torticera de Pedro Sánchez viene a confirmar la importancia que le da el Gobierno a que puedan votar esos 2,5 millones de nacionalizados para alterar el censo electoral en busca de su pucherazo.

Un ejemplo, el caso del municipio madrileño de Tres Cantos: el municipio ha pasado de 1.030 a 1.242 inscritos en el CERA desde 2022, es decir, 212 electores más. Por eso el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha pedido a la Junta Electoral Central y al INE que auditen los expedientes y expliquen cómo se ha determinado la adscripción electoral de esos nuevos residentes en el extranjero.

"Más que una sorpresa partidista, lo recibimos con perplejidad técnica y una enorme preocupación institucional. Tres Cantos es una ciudad joven, nacida en democracia en 1991. Que aparezcan electores asignados a nuestra localidad bajo el supuesto de exilio histórico demuestra que ha habido fallos flagrantes en el procedimiento de adscripción o una absoluta falta de control por parte del Gobierno Central", subrayó Moreno.