Son cuatro cargos: malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida y corrupción en las negocios. Acusaciones contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con las que el juez Juan Carlos Peinado ha cerrado la instrucción de un caso que el Gobierno Sánchez, con todo su poder y todas sus terminales, ha convertido en una carrera de obstáculos.

Nada más conocerse la noticia, el ministro de Juaticia, Félix Bolaños, cómo no, le ha dicho a Peinado de todo menos bonito: le ha calificado, mediante una ronda de subterfugios, de ser un juez inicuo, que se ha ensañado con una muy coherente personita y que, todo da igual, porque las instancias jurídicas superiores enmendarán el yerro. 'El Bolas' está prejuzgando lo que harán los jueces: igualito que si fueran 'sus' jueces. 

Jamás un ministro de justicia se había atrevido a asegurar que un juez -con nombre y apellidos, Juan Carlos Peinado- había causado "un daño irreparable" a la justicia.

El trasfondo de la cuestión es que Begoña Gómez ha tratado de pasar, aprovechando los medios que le otorga vivir en Moncloa, de poseer casas de prostitución y colaborar en ellas, a ser una filántropa dedicada a defender los derechos de la mujer y de todos los desfavorecidos. Y con dinero y poder públicos.

Un juzgado popular repara en lo justo antes que en lo ilegal. Mientras, el ministro de Justicia, Félix Bolaños se ensaña contra el juez y anuncian sentencias en contra de su instrucción. Y la presidente del CGPJ, Isabel Perelló, sin abrir la boca

Llegados a este punto, empecemos por el final: a doña Begoña que la juzgue el jurado. Lo suyo es más inmoral que ilegal y un jurado, justicia popular, repara antes en lo inmoral mientras un juez se circunscribe a lo legal. 

Recuerden la frase del genial Chesterton: Si se trata de moral, preguntad al pueblo. 

Y como estamos en plena campaña, feroz, de descrédito del instructor, habrá que recordar que el juez Peinado acierta... hasta en la cita de Fernando VII, que no es mala comparación, aunque a mi se me ocurre alguna otra más moderna: el magistrado centra la acusación en eso, precisamente: Begoña Gómez se aprovechó de ser la esposa del presidente del Gobierno para convertirse en una filántropa admirada... y para utilizar dinero público para su medro personal.  

Encima, Álvaro García Ortiz se apoya en su sucesora, Teresa Peramato, para situar a la Fiscalía contra el Tribunal Supremo, con el recurso al Constitucional de Conde-Pumpido. No lo duden: España ha entrado en guerra civil judicial

En paralelo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños se ensaña contra el juez y anuncia demandas en contra de su instrucción. Y la presidente del CGPJ, Isabel Perelló, sin abrir la boca para desautorizar a un ministro de justicia que desautoriza a los jueces. Tenemos en doña Isabel otro lobo con piel de cordero. Señora: aquí no bastan las defensas, en general, de la independencia de los jueces frente al poder político, aquí debe usted salir en defensa de un juez con nombre y apellidos, Juan Carlos Peinado, insultado por un ministro que, aunque sea ministro, también tiene nombres y apellidos: Félix Bolaños.

De postre, para ejemplificar aún mejor el guerracivilismo que reina en la justicia española, el exfiscal general, Álvaro Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo, utiliza a su sucesora, Teresa Peramato, para situar a la Fiscalía contra el Tribunal Supremo y recurre al Constitucional de Conde-Pumpido... como hizo Peramato... y ya saben lo que esto significa.

Porque lo que está en juego con Begoña Gómez no es la regeneración judicial de España sino la regeneración moral de España. 

A lo mejor el presidente del Gobierno se toma otros cinco días de reflexión, como hizo el veinticuatro del cuatro de dos mil veinticuatro, para decidir si merece la pena seguir adelante o si dimite, Y como ya le advirtiera por anticipado Hispanidad: ¿a que no dimite? 

Al final, el caso Begoña Gómez va a resultar muy útil. No para la justicia española sino para esa regeneración moral de España. Al menos, eso espero.