La alcaldesa de Barcelona ha sido imputada por los presuntos delitos de coacción y prevaricación tras una querella presentada por el fondo de inversión Vauras. La Audiencia de Barcelona ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la compañía y el Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona deberá investigar a Colau, después de archivar inicialmente esta querella. Además de Colau, están imputados los concejales Marc Serra y Lucía Martín.

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En concreto, según la Sala, sí podría ser delictivo “compeler ilegítimamente” al fondo de inversión “para forzarle a ceder” para alquileres sociales determinados inmuebles de su propiedad utilizando para ello como “mecanismo intimidatorio” la amenaza de “no conceder” a la empresa determinadas licencias de obras o no desbloquear las que ya tenía paralizadas. “Tales supuestas coacciones habrían tenido lugar en las reuniones celebradas el 31 de octubre de 2019 y el 5 de febrero de 2020″, señala el auto judicial. Y la Sala señala también que hay indicios de esas presiones en una declaración pública de la concejal de vivienda Lucía Martín, que estuvo en esas reuniones.

Según La Razón, lo que pide la Audiencia de Barcelona es que se indague si el consistorio pretendía forzar a la empresa para que diera en alquiler social esas viviendas. Si bien, los magistrados rechazan por falta de indicios investigar a los tres dirigentes por presunta extorsión, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, como pretendía la querella. Como la Fiscalía, el Ayuntamiento pidió al tribunal desestimar el recurso de Vauras y dejar la investigación del caso cerrada como había decidido la primera jueza.

Por cierto, se diría que a RTVE le ha costado recabar datos sobre esta noticia, dado que no ha aparecido en los titulares de la primera edición del Telediario de La1 y los telespectadores han tenido que esperar hasta bien entrado el informativo para ver la noticia.

Es la segunda imputación de Colau: ya tuvo que acudir a declarar el pasado 3 de marzo por las supuestos subvenciones a entidades afines. En ese caso, la alcaldesa está imputada por los presuntos delitos de malversación, fraude en la contratación, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, después de aceptar la querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD).

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Pero, no se preocupen, Colau no se rinde, ya entonces Inmaculada descargó la responsabilidad hacia concejales del consistorio y rechazó dimitir:  a la podemita le puede su sentido del deber para con sus ciudadanos.