La presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este lunes un acuerdo para luchar contra la okupación en la comunidad de Madrid. Desde el Gobierno regional facilitarán que víctimas de la okupación tengan asesoramiento jurídico gratuito: "No vamos a ponernos de perfil".
“Detrás de cada denuncia hay personas afectadas, propietarios que pierden sus casas y barrios enteros deteriorados”, ha subrayado. Los perjudicados podrán disfrutar de representación procesal y ayuda psicológica en la Red pública de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito. Además, creará un sevicio de atención especializado en el 012 para atender estas demandas.
El acuerdo ha sido firmado con los colegios de abogados y procuradores para facilitar ese asesoramiento gratuito. Ayuso también ha asegurado que este fenómeno creciente está causado por quienes “desde el poder y las administraciones no hacen lo que deben, con rigor jurídico y respeto por la verdad”.
Asimismo ha atacado el Real Decreto 11/2020, "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19", ese que Sánchez sabía que era un "negociazo" para los okupas, reclamando la necesidad de modificar las leyes que impiden a los jueces su expulsión inmediata.
“Son síntomas de males profundos, pero no son males de la sociedad española, ni de nuestra Constitución, que son buenas y están sanas. Son males de quienes quieren desde el poder y las administraciones no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad”, ha enfatizado Díaz Ayuso.
La presidenta madrileña ha alertado de que, detrás de cada denuncia, hay personas, propietarios que pierden sus casas, vecinos que ven alterada la convivencia y barrios enteros deteriorados. “Muchas de esas viviendas finalmente dan cobijo a otros negocios igualmente legales o ilegales, como puede ser la trata de seres humanos o narcopisos”, ha añadido. Algo que pudimos ver el pasado viernes en Alcorcón, aunque dos socialistas de pro como Francisco Martín y Candelaria Testa prefieren denominarlo como "problemas de convivencia".
En este sentido, ha constatado que el Gobierno madrileño va a poner a disposición de los afectados todas las medidas y las herramientas a su disposición para estar a su lado, ayudarles a recuperar sus viviendas y evitar que este mal vaya a más. “Porque esto va de delitos, pero también va de derechos fundamentales”, ha manifestado.
Díaz Ayuso ha destacado que, desde su puesta en marcha en junio de 2022 hasta el 30 de abril de este año, el teléfono 112 Ocupación ha recibido 4.041 llamadas, periodo en el que 246 ciudadanos han alertado sobre este delito en su propiedad privada, habiéndose podido evitar o proceder al desalojo de su vivienda en 44 ocasiones. Y eso que la okupación es un bulo.
"El daño es irreparable y España no puede esperar más. Llevamos tiempo advirtiendo. Se normaliza el crimen y se criminaliza la vida normal. Por eso se premia a quien delinque y se castiga a las familias que son víctimas de ocupación".
