Como viene recogiendo Hispanidad, el Gobierno vasco, compuesto por PNV y PSOE, está aplicando el régimen penitenciario de semilibertad (el tercer grado) a un montón de etarras, utilizando torticeramente el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. 

La consejera de Justicia que se está encargando de traicionar a las víctimas del terrorismo es María Jesús San José López, del PSOE-PSE. 

Entre los etarras a los que se ha aplicado el tercer grado están el exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu 'Txeroki'; el etarra Asier Arzalluz Goñi, asesino del periodista José Luis López de la Calle; o la etarra Soledad Iparraguirre, conocida como 'Anboto', aunque en este último caso, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, rechazó el pasado 22 de abril la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para ella y para el exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre --que participó en el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez--, lo que supone su vuelta a prisión. 

En el caso del etarra Juan Ramón Carasatorre, la decisión del juez José Luis Castro acaba de ser confirmada por tres magistrados de la Audiencia Nacional --de la Sección Primera de la Sala Penal--, en un auto en el que reprochan al Gobierno vasco de coalición de PNV y PSE por no documentar “debidamente” su semilibertad y le recomienda que, “en futuras revisiones”, elaboren su propuesta “debidamente estructurada y documentada conforme a las exigencias del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario”. 

Los tres jueces subrayan el carácter “extraordinario y excepcional” del artículo 100.2 y la importancia de ser “particularmente rigurosos” con las exigencias para aplicarlo, sobre todo a condenados por “delitos de especial gravedad”, como es el terrorismo.