Con este acuerdo Ayuso reta a Yoli, la auto abanderada como luchadora contra la precariedad, que solo crea empleo precario y paro
El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso prepara el cierre de un acuerdo con Glovo para el reparto de comida a domicilio para personas vulnerables. Lo anunció la consejera autonómica de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante el pleno de la Asamblea, el servicio irá destinado a personas que no pueden recoger la comida por problemas de salud o por movilidad reducida.
Hoy la oposición critica en la @asambleamadrid que Glovo facilite la entrega de comida a domicilio a usuarios de los comedores sociales con movilidad reducida o problemas de salud.
— Concha Dancausa (@ConchaDancausa) February 2, 2023
Los mismos que llaman indecente y capitalista despiadado a Juan Roig o evasor a Amancio Ortega... pic.twitter.com/mh7TVQa5gO
Dancausa dejó claro que este acuerdo no va a suponer ningún coste a las arcas públicas: "No tiene ningún tipo de contraprestación económica". Es decir, Glovo pone a disposición sus recursos y tecnología para la distribución de alimentos sin coste alguno, un acuerdo que ya tiene la compañía en otros puntos de España. Dancausa explicó que Glovo repartió 700 toneladas de comida en más de 200.000 unidades de nuestro país.
Toda la oposición se echó encima de Dancausa que supo cómo contraatacar: "Nos hubiera encantado que el ofrecimiento que nos ha hecho Glovo, nos lo hubiera hecho Correos, que es una empresa pública donde Sánchez colocó a su exjefe de Gabinete como presidente. Pero la lista de prioridades de Correos la encabezan proyectos como el de emitir sello conmemorativo del PSOE o promocionar a la mujer del presidente Sánchez". A lo que añadimos entre otras prioridades de Correos los camiones de colores o ir en contra de su propio negocio.
Con este acuerdo Ayuso reta a Yoli, la auto abanderada como luchadora contra la precariedad, que solo crea empleo precario y paro. Es más, la ministra trabajadora sancionó a Glovo hace unos días con una multa de 56,7 millones de eruos, que se suma a otras tantas que ya tenía de la inspección de Trabajo por falsos autónomos, es decir, por incumplimiento de la ‘ley rider', que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021.
Cuando al fondo de este asunto, subyace las agobiantes cuotas sociales que tienen que pagar las empresas, como ha destacado Hispanidad.