El Parlamento del Estado de Australia Occidental, cuya capital es Perth, la cuarta ciudad más poblada del país, con algo más de 2 millones de habitantes, está debatiendo actualmente el Proyecto de Ley de Enmienda para Niños y Servicios Comunitarios de 2019, un texto que, en su redacción actual, obliga a los sacerdotes a romper el secreto de confesión en caso de abusos sexuales a menores. Los estados de Victoria, Australia del Sur, Tasmania y el Territorio de la Capital Australiana ya lo han aprobado a pesar de la insistencia del Vaticano.

Australia Occidental, sin embargo, podría no hacerlo después de que un Comité del Parlamento haya recomendado seguir las indicaciones de Roma, según Aciprensa.

El Comité argumenta que el texto “ha atraído la oposición de los interesados católicos y ortodoxos en varios motivos, entre ellos que los sacerdotes corren el riesgo de excomunión por romper el secreto de la confesión, y las víctimas que acceden al confesionario valoran su absoluta confidencialidad”.

Uno de los sacerdotes de la diócesis, Mark Baumgarten, lo dejó bien claro: “Nosotros los sacerdotes hacemos compromisos solemnes ante Dios, y estoy mucho más preocupado por cómo me juzgará Dios que por cómo soy visto por los poderes de este mundo. Claro que iría a la cárcel o enfrentaría cualquier otra sanción civil antes que romper el sigilo sacramental, y sospecho que todos los sacerdotes, independientemente de su ideología, dirían lo mismo”, aseguró.

Lo cierto es que el Vaticano viene insistiendo sobre la inviolabilidad del secreto de confesión. No hay excepciones y se aplica a todos los fieles, sean obispos, sacerdotes, religiosos o seglares. Y es que el sigilo sacramental es protección de la confianza sagrada entre la persona que confiesa su pecado y Dios, y nada ni nadie puede romperlo.