La nueva Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada el jueves 9 en la Asamblea de Madrid estipula sanciones de hasta 30.000 euros para los profesores que, conociendo un caso de bullying en su centro de trabajo, no informen o lo denuncien. Según El Mundo, la literalidad de la norma establece que se incluirá en esta categoría «incumplir el deber de comunicación de situaciones de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, de quienes por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de dicha situación».

Y es que, tal como recoge un estudio de 2021 de la ONG internacional Bullying sin fronteras, siete de cada diez niños han sufrido en algún momento bullying en sus diferentes versiones en el entorno escolar. 

Destaca El Mundo que en la normativa anterior a la Ley recién aprobada, la cual lleva en funcionamiento desde el año 1995, no se recoge ninguna mención explícita al bullying o la violencia en el entorno escolar. Una de las grandes preocupaciones que han surgido en los últimos años entre los padres y los responsables de los centros educativos ya que los casos o, al menos las denuncias por este problemas, se han disparado de forma considerable.