Sr. Director:

“Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar…”. El Arcipreste de Hita no escribió estos versos en el Libro de Buen Amor como un simple apunte festivo o moralizante, sino como una observación de fondo sobre la condición humana. Y cuando Quevedo escribió aquello de “Poderoso caballero es Don Dinero”, tampoco hizo una travesura literaria, sino un retrato exacto de una realidad permanente: donde el dinero manda, termina ordenando la vida pública, las jerarquías sociales, las lealtades, las decisiones y hasta los silencios. En España, esa vieja verdad adquiere hoy una actualidad feroz. Porque el sistema político realmente existente no sólo tolera la corrupción: está dispuesto de tal modo que la favorece, la alimenta, la disimula, la dispersa y, en demasiadas ocasiones, la protege.

El problema español no consiste únicamente en que existan corruptos. Corruptos ha habido y habrá en toda sociedad humana. El problema verdadero es que la estructura institucional levantada en España hace muy difícil impedir la corrupción, más difícil todavía perseguirla con eficacia, y dificilísimo castigarla de manera rápida, proporcionada y ejemplar. Se ha construido un sistema en el que el dinero público fluye por multitud de cauces, en cantidades inmensas, a través de incontables centros de poder, sin que existan mecanismos serios de freno, de examen final de la gestión, de responsabilidad patrimonial personal y de castigo cierto para quienes administran mal, derrochan, prevarican, malversan o simplemente convierten lo público en botín.

Todo ello se comprende mejor si se observa, en primer lugar, la magnitud colosal del gasto. España gasta cada año sumas descomunales. El conjunto de las administraciones públicas mueve en torno a 600.000 millones de euros anuales, esto es, cerca de la mitad de toda la riqueza producida en la nación. La mera cifra ya impone respeto. Pero lo decisivo no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta, quién lo gasta, en qué lo gasta y con qué controles se gasta. Porque una parte importante de ese volumen inmenso de dinero no va a lo esencial, ni mejora proporcionalmente la vida de los ciudadanos, ni se traduce en mejores servicios, ni se somete a una vigilancia rigurosa. Se mezcla el gasto necesario con el gasto superfluo, el gasto útil con el gasto clientelar, la inversión imprescindible con el reparto político de recursos. Y, así, todo acaba envuelto en la misma coartada moral: “más gasto” se presenta siempre como “más protección”, aunque una porción nada despreciable de ese gasto no proteja a nadie salvo a las redes que viven de él.

Si se hace una estimación real, sin ninguna clase de sesgo, sin hipérboles y sin necesidad de cargar las tintas más allá de lo razonable, el volumen de gasto inútil, innecesario, duplicado, politizado o manifiestamente mal empleado puede situarse, sin exageración, entre el 10% y el 20% del gasto total. Estamos hablando, por tanto, de entre 60.000 y 120.000 millones de euros al año. No son menudencias. Son cantidades que bien empleadas serían capaces de transformar sectores enteros de la vida nacional. Con semejante suma podría reducirse deuda, aliviarse de verdad la presión fiscal, mejorarse sanidad, enseñanza, infraestructuras, justicia, seguridad y atención a quienes de veras lo necesitan. El problema de España no es solo que recaude mucho, sino que desperdicia una parte enorme de lo recaudado en estructuras sobrantes, duplicidades, organismos de adorno, subvenciones opacas, contratos inflados, ayudas mal diseñadas y aparatos de propaganda, colocación y fidelización política.

El origen de una parte decisiva de este despilfarro se encuentra en la propia organización territorial del Estado. El llamado Estado de las autonomías, presentado durante décadas como sinónimo de cercanía, eficacia y modernidad, ha producido sobre todo una multiplicación mastodóntica de centros de gasto. España no tiene una sola administración, sino varias capas superpuestas: Estado central, diecisiete comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, consejos insulares, mancomunidades, entidades comarcales, más de 8.000 ayuntamientos, y, colgando de todo ello, un bosque espeso de empresas públicas, consorcios, agencias, patronatos, fundaciones, observatorios, institutos y demás criaturas del ingenio burocrático-administrativo. Allí donde una sola estructura bastaría, se mantienen dos, tres o cuatro. Allí donde una competencia podría ejercerse una vez, se replica en múltiples niveles. Y cada réplica cuesta dinero: sueldos, sedes, vehículos, asesores, contratación, mantenimiento, propaganda, subvenciones y capacidad de crear nuevos focos de gasto.

No es extraño, pues, que economistas como Roberto Centeno hayan subrayado desde hace años el coste gigantesco del Estado autonómico y el enorme ahorro que supondría su desmantelamiento o, cuando menos, su reducción drástica. La conclusión a la que ha llegado una parte de la crítica económica independiente es tan simple como devastadora: el Estado de las autonomías no ha traído mayor racionalidad administrativa ni mejor control del dinero, sino, en lo esencial, la descentralización de la corrupción. Es decir, la ampliación del número de focos desde los que puede gastarse arbitrariamente, contratarse a dedo, subvencionarse a afines, levantar chiringuitos ideológicos, inflar plantillas, premiar lealtades y alimentar clientelas.

A ello se suma la extrema fragmentación municipal. Más de 8.000 ayuntamientos, muchos de ellos minúsculos, ineficaces y prescindibles, sostienen corporaciones locales completas con alcaldes, concejales, empleados, patronatos, empresas municipales, cargos de confianza y demás cargas anexas. No existe una razón seria para mantener semejante proliferación de microestructuras políticas cuando una buena parte de ellas podría ser sustituida por fórmulas de gestión profesional, agrupación administrativa o simple concentración de servicios. En multitud de casos, bastaría una organización técnica semejante, salvando las distancias, a la de los administradores de fincas: gestores que administraran con criterios de eficacia, contención y rendición de cuentas, en lugar de mantener pequeños reinos locales donde se mezcla la ignorancia con la arbitrariedad, el favor personal con el uso patrimonial del cargo.

Y es precisamente en el ámbito local donde una de las fuentes más clásicas de corrupción se hace visible con toda crudeza: el urbanismo. La capacidad de alcaldes y concejales para decidir sobre recalificaciones, planeamientos, licencias y transformación de suelo rústico en urbanizable o edificable equivale, en la práctica, a una potestad de creación artificial de riqueza. Un terreno casi sin valor puede multiplicar de precio de manera brutal por una decisión política. Quien conoce de antemano esas decisiones dispone de una información privilegiada de valor extraordinario. Quien las adopta o influye en ellas puede favorecer a familiares, allegados, socios, testaferros o promotores afines. No hace falta una imaginación exuberante para entender que ese poder sobre el suelo se ha convertido durante décadas en uno de los grandes motores de la corrupción local en España. No es el mercado el que produce ese aumento de valor, sino la pluma del poder político.

La contratación pública completa el cuadro. Alcaldes, concejales, diputados provinciales, responsables autonómicos y gobernantes de toda clase manejan contratos de obras, suministros y servicios con un margen de arbitrariedad que desmiente por completo la retórica de la transparencia. Los pliegos pueden hacerse a medida, los criterios pueden orientarse, las adjudicaciones pueden encaminarse hacia determinados beneficiarios y, sobre todo, una vez adjudicado el contrato, pueden aparecer modificaciones, reformados, revisiones y ampliaciones que disparan los costes. Las desviaciones respecto de lo presupuestado no son una anécdota, sino una práctica demasiado frecuente; en no pocos casos, los sobrecostes alcanzan o superan el 70% del importe inicial. Así, el precio de adjudicación acaba siendo una ficción y la verdadera rentabilidad del negocio se obtiene durante la ejecución. Lo que se presenta como gestión pública no pocas veces degenera en extracción de rentas a costa del contribuyente.

Subiendo en la escala administrativa, diputaciones, cabildos, mancomunidades y entes semejantes actúan como niveles intermedios de poder con escasísimo control ciudadano. Reparten subvenciones, canalizan fondos, financian obras, sostienen redes territoriales y consolidan fidelidades políticas. Su mera existencia introduce más gasto, más distancia entre el contribuyente y el destino del dinero, más oscuridad y más facilidad para que la responsabilidad se difumine. Después, en el ámbito autonómico, aparecen las empresas públicas, agencias, consorcios y fundaciones que, bajo la coartada de la flexibilidad o la especialización, se convierten a menudo en refugios para eludir controles, colocar afines y ampliar la capacidad de gasto sin la severidad que tendría una administración más sobria y más directamente sometida a vigilancia.

Hay además sectores especialmente propicios para el abuso por la vaguedad de sus fines y la dificultad de comprobar sus resultados. Ahí entran, por ejemplo, la llamada “formación transversal en feminismo” y otras iniciativas de denominación casi siempre grandilocuente y vaporosa; las asociaciones creadas ad hoc para gestionar casas de la mujer, observatorios, programas de sensibilización, talleres, campañas y demás aparatos de gasto ideológico; los sistemas de tutela y protección de menores, pisos tutelados y servicios externalizados donde se manejan presupuestos elevados con escasa capacidad de escrutinio por parte del ciudadano medio; y un larguísimo etcétera de entidades, asociaciones y estructuras que viven de convocatorias, convenios y subvenciones que rara vez se evalúan con la severidad necesaria.

No menos importante es el vastísimo campo de la ayuda al desarrollo y de las oenegés de todo pelaje, terreno idóneo para lo que con acierto puede llamarse solidaridad telescópica: dinero de los contribuyentes que se envía lejos, a través de intermediarios, con una cadena tan larga de manos, justificaciones y coartadas morales que casi nadie puede comprobar en serio si se ha destinado a aquello para lo que supuestamente se otorgó. El mismo esquema se repite con fondos europeos, incluidos FEDER, determinadas partidas de la PAC, el PER y otras transferencias cuya complejidad y distancia respecto del contribuyente hacen más fácil el uso arbitrario, la desviación de fines y la perpetuación de redes clientelares. Cuando el dinero viene “de Europa”, parece que no venga de ninguna parte. Pero sale, en última instancia, de los bolsillos de los ciudadanos europeos, incluidos los españoles.

A ello se añaden las becas y ayudas al estudio, los bonos para jóvenes, rentas básicas de inserción y similares, ayudas a la compra o alquiler de vivienda, subvenciones para viajar, transportes subvencionados y toda la gama creciente de pagos, vales, bonos y auxilios que convierten lo que debería ser excepcional y transitorio en un sistema ordinario de reparto de dinero público. El problema no es que existan ayudas para quien verdaderamente las necesita, sino que el mecanismo se ha extendido hasta formar parte de una política de dependencia generalizada. Se reparte para sostener, se sostiene para fidelizar, se fideliza para conservar poder. El beneficiario asocia la ayuda con el gobernante; el gobernante asocia la ayuda con su perpetuación. Y mientras tanto, el dinero sale de una caja común cuyo uso no se controla con rigor suficiente.

Todo esto se financia de alguna manera. Aquí aparece la cuestión capital de la deuda. La cifra oficial reconocida por las autoridades ya es, de por sí, monstruosa: hace mucho que la deuda pública española superó el billón y medio de euros en sentido europeo, esto es, un millón y medio de millones, y actualmente se sitúa claramente por encima. Pero si en vez de la deuda blanqueada o edulcorada por la contabilidad oficial se atiende a la deuda real, incluyendo compromisos futuros, pasivos ocultos o diferidos, obligaciones no plenamente reflejadas, deudas de empresas públicas y demás cargas que antes o después recaerán sobre la comunidad política, la estimación de no pocos economistas independientes la eleva a más de dos billones de euros. Esa es la cifra que importa: la que expresa no solo lo que el Estado admite deber hoy, sino lo que la sociedad española arrastra realmente como carga acumulada.

La deuda no es una abstracción. Es una hipoteca sobre el porvenir. Es gasto presente cargado sobre espaldas futuras. Es un impuesto diferido que no se vota, pero se paga. Cuanto más se malgasta hoy, más se grava mañana. Cuanto más dinero se dilapida en estructuras innecesarias, redes de subvención, contratación inflada, duplicidades administrativas, ideología subvencionada o ayudas mal concebidas, menos margen queda para lo esencial y más deuda se transfiere a quienes aún no han tenido voz en las decisiones que la generan. Y todo ello sucede mientras el gobierno socialcomunista se vanagloria de ser el mejor recaudador, año tras año, al tiempo que continúa sin presentar Presupuestos Generales del Estado en tiempo y forma, sin una anticipación seria de gastos e ingresos, sin explicar con claridad a qué se piensa dedicar el dinero de quienes pagan impuestos, sin someter al Parlamento y a la nación un plan financiero completo, debatido y responsable.

Pero incluso todo esto sería menos grave si existieran mecanismos serios de disuasión, persecución y castigo de quienes abusan del poder. Y aquí llegamos al centro del problema: no existen de manera suficiente. Hay tipos penales, sí. Hay tribunales, sí. Hay normas, sí. Pero la realidad es que la lentitud de la justicia, la dilución de responsabilidades, la complejidad del aparato administrativo y la contaminación política de órganos clave convierten la rendición de cuentas en algo incierto, tardío y, con demasiada frecuencia, inocuo. El ejemplo del affaire Pujol resulta aquí sangrante. Décadas y más décadas sin hincarle el diente con la energía debida, mientras Jordi Pujol envejece, se vuelve anciano, decrépito, y uno llega a preguntarse si llegará a sentarse de verdad frente a un tribunal algún día… Y aun en el caso de que sobreviva procesalmente al tiempo, siempre asoma la sombra de indultos, amnistías o arreglos políticos que terminan de vaciar de sentido la exigencia de responsabilidades.

Y, todo ello ocurre, en parte, porque el llamado gobierno de los jueces no es independiente en el grado exigible. El Consejo General del Poder Judicial, órgano decisivo en nombramientos y carreras, nace de pactos entre los grandes partidos, principalmente PP y PSOE. Cuando los principales actores del juego político se reparten el órgano que influye en la cúpula judicial, la sospecha de condescendencia estructural resulta inevitable. No hace falta imaginar conspiraciones de novelón. Basta con entender cómo funcionan los incentivos. Quien sabe que la carrera de los jueces, o una parte sustancial de sus ascensos y destinos, depende indirectamente de equilibrios partidistas, sabe también que la independencia puede verse condicionada. Y si algún día un miembro relevante del sistema acaba frente a un tribunal, no es absurdo temer que el trato sea especialmente prudente, cauteloso o benigno.

Por eso mismo resulta hoy más necesaria que nunca una reforma radical en materia de responsabilidad. No bastan proclamas ni comisiones ni códigos éticos de escaparate. Hace falta, en primer lugar, una verdadera ley de responsabilidad de los empleados públicos, de los cargos electos y de los gobernantes en general, que establezca de forma clara la responsabilidad personal por las decisiones que causen daño económico grave a la comunidad. Quien administra fondos públicos debe responder por ellos. Quien derrocha de forma culpable, quien adopta decisiones arbitrarias que ocasionan pérdidas enormes, quien consiente sobrecostes escandalosos, quien subvenciona sin control, quien adjudica de modo torticero, no puede seguir refugiado en la niebla de “la institución”, “el procedimiento” o “la colegialidad”. Debe existir responsabilidad patrimonial, devolución en los casos graves, inhabilitación cierta y castigo rápido.

Y junto a esa ley de responsabilidad, hay que reinstaurar el juicio de residencia. Lejos de ser una extravagancia arqueológica, el juicio de residencia encarna una idea elemental y poderosísima: nadie debe abandonar el ejercicio del poder sin someter su gestión a examen. Al término de un mandato, de una alcaldía, de una consejería, de una presidencia, de la dirección de un ente público, debería abrirse obligatoriamente un procedimiento de revisión de la actuación desempeñada, con examen de contratos, subvenciones, decisiones, patrimonio, quejas de los administrados y resultados de gestión. El cargo público no puede ser una estación de paso tras la cual uno sale ileso, indemne y blindado. El juicio de residencia debe volver, actualizado y adaptado, para recordar que el poder es siempre administración temporal de algo que no pertenece al que manda.

Sin embargo, ni siquiera eso bastaría si no se protege de verdad a quienes denuncian. La corrupción se conoce desde dentro. Los grandes escándalos rara vez nacen del azar o de la inspección espontánea; salen a la luz porque alguien vio, oyó, comprobó, conservó papeles o se hartó de callar. Si el denunciante no está protegido, si su vida profesional, económica y personal queda a merced de represalias, el sistema seguirá premiando el silencio. Hoy, demasiadas veces, quien denuncia sufre aislamiento, descrédito, expediente, arrinconamiento o ruina; quien calla, en cambio, sigue su camino. Hay que invertir esa lógica perversa. La protección del denunciante no es un adorno sentimental: es una pieza esencial del control del poder. Debe haber anonimato cuando proceda, cobertura jurídica, blindaje laboral y sanción severa para quien persiga o castigue al que revela irregularidades.

En suma, el problema español no es sólo la existencia de corruptos, sino un diseño general que multiplica las ocasiones de abuso y reduce el temor a sus consecuencias. Más administraciones, más niveles, más centros de gasto, más subvenciones, más ayudas, más fondos difíciles de seguir, más contratación, más recalificaciones, más organismos, más chiringuitos, más deuda, más opacidad. Y, enfrente, menos responsabilidad personal, menos examen final de la gestión, menos independencia real en determinados ámbitos del control, menos protección al denunciante, menos rapidez judicial, menos ejemplaridad. Así, el sistema no necesita ni siquiera una corrupción universal en sentido penal para producir efectos corruptos de manera constante. Le basta con su propia estructura.

El ciudadano sufre entonces el doble castigo. Primero, como contribuyente, porque soporta una presión fiscal creciente para alimentar un aparato inmenso, dispendioso y voraz. Segundo, como miembro de la comunidad, porque ve que ese dinero no revierte proporcionalmente en lo esencial: sanidad más eficaz, enseñanza mejor, justicia más rápida, infraestructuras bien mantenidas, seguridad jurídica, vivienda asequible, futuro menos hipotecado. Se paga mucho, se debe muchísimo, y sin embargo se obtiene menos de lo que sería razonable si el dinero se administrara con sobriedad, honradez y sentido de prioridad.

La conclusión es dura, pero inevitable. España no padece solo casos aislados de corrupción. Padece una organización política y administrativa que fue levantada de tal modo que el dinero público se convirtió en la gran herramienta de poder, de colocación, de clientela y de supervivencia del propio sistema. Por eso cuesta tanto corregirla: quienes tendrían que desmontar esa maquinaria viven de ella, se apoyan en ella o la necesitan. Reducirla significa perder poder. Y nadie renuncia de buena gana al instrumento que lo sostiene.

De ahí que toda reforma verdadera tenga que ir a la raíz. Reducción drástica de estructuras; desmantelamiento de duplicidades; concentración administrativa; revisión del modelo autonómico; supresión de miles de municipios ineficaces; profesionalización de la gestión local allí donde sea posible; control severo de contratación y subvenciones; eliminación de organismos ideológicos y de gasto difuso; ley de responsabilidad personal de empleados públicos, cargos electos y gobernantes; reinstauración del juicio de residencia; protección real del denunciante; y una reforma profunda del sistema de gobierno judicial que reduzca al máximo la captura partidista.

Sin eso, todo seguirá igual o peor. Más recaudación, más deuda, más gasto inútil, más aparatos, más opacidad, más arbitrariedad y más resignación cívica. Y entonces seguirán teniendo razón, siglos después, el Arcipreste de Hita y Quevedo: el dinero no solo manda, sino que, cuando no tiene freno, acaba organizándolo todo, protegiéndose a sí mismo y sometiendo a su lógica a la comunidad entera.