El caso que más preocupa al Gobierno en estos días es el Caso Faisán, el supuesto chivatazo para evitar que miembros de ETA fueran detenidos. Y Garzón es el juez ideal para garantizar la independencia judicial que el Gobierno desea. Sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional tiene encima algunos problemas que pueden apartarle de su puesto: la presunta prevaricación en el Caso de la Memoria Histórica, las escuchas a los abogados del Caso Gürtel y la financiación de sus cursos en la Universidad de Nueva York a través del Banco Santander (a pesar de que tal universidad no se encuentra dentro del Plan Universia).
No hace mucho que Garzón resultaba tan molesto para PP y PSOE que Rubalcaba y Trillo pactaron una patada hacia arriba para nombrarle presidente de la Audiencia Nacional. Ahora, Garzón tiene monedas de cambio que pueden interesar al Gobierno. La clave está en la ex secretaria de Estado y hoy magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, que coincidió con Garzón cuando ambos se dedicaban a la política (desde el Gobierno, queremos decir) y que se ha inhibido en la votación ante la amenaza de recusación por enemistad manifiesta. No obstante, es destacable su papel a la hora de poner a Garzón en la difícil situación en la que se encuentra.
Este martes, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, aseguró que no ve una conspiración contra Garzón. Juanes afirmó que tiene un gran afecto personal hacia el magistrado de la Audiencia Nacional, pero dijo profesar también un gran respeto a los magistrados del Tribunal Supremo.
