El 97% de los abortos españoles son presuntamente fraudulentos. Se justifican por el coladero de la salud física o psíquica de la madre

 En la mañana de este lunes se ha montado una gran escandalera por los registros efectuados por la Guardia Civil a tres centros abortistas catalanes, acusados de practicar abortos fraudulentos. Sin embargo, el 97% de los abortos que se realizan en España son presuntamente fraudulentos: son practicados bajo el supuesto del peligro para la salud física y/o psíquica de la madre. Un coladero. Sin embargo, el reportaje con cámara oculta grabado por un equipo de la televisión danesa ha puesto sobre el tapete a Ginemedex y al tristemente famoso doctor Morín, que ya ha sido detenido. Un vídeo que muestra cómo toda la industria del aborto hace de su capa un sayo con la ley que los socialistas aprobaron en 1985, y que interpretan del modo más extensivo posible. Un vídeo que, además, ha obligado a la Administración a actuar.

Porque cuando existe peligro físico (embarazo ectópico, por ejemplo) no se considera aborto en las estadísticas oficiales. Y los psiquiatras están de acuerdo en que el aborto nunca está indicado cuando una mujer sufre enfermedades o trastornos psiquiátricos. Al revés, el aborto supone tal trauma que empeora el cuadro.

Casualidad de las casualidades, el 97% de los abortos practicados en España se realizan en centros privados. Es decir, negocios. La prioridad es facturar. No se cumple el derecho al consentimiento informado. Tampoco se cumple la exigencia de que el médico que certifica que el embarazo afecta a su salud física o psíquica sea independiente del centro. Y además, casi nunca es un psiquiatra -como exige la ley- sino que se solventa el "trámite" con un psicólogo.

Por si fuera poco, los mismos abortistas reconocen que las cifras de abortos están Infra representadas por motivos fiscales. "Lo que se declara a Sanidad se declara a Hacienda", señalan. Como los fontaneros. Y lo que es peor: nunca se ofrecen alternativas reales y eficaces al aborto provocado como exige el RD 2409/1986 que desarrolla la Ley del Aborto. Ya es hora de que el resto de consejerías se pongan las pilas y supervisen lo que están haciendo los centros abortistas que en muchos casos reciben subvenciones o convenios públicos para realizar abortos. La cifra se sitúa en el 19,8% en la Comunidad de Madrid, pero en el 35% en los casos de Andalucía o Valencia. ¿A qué esperan las autoridades sanitarias para cumplir y hacer cumplir la Ley? Con la actuación de la Guardia Civil en Barcelona, durante la mañana del lunes, puede existir un antes y un después.