La CEOE del nuevo presidente Joan Rosell se está quedando al margen del diálogo social. El nuevo Consejo Empresarial de la Competitividad, formado por las 17 empresas más importantes del país y liderado por César Alierta (Telefónica), Emilio Botín (Santander) e Isidro Fainé (Caixa) ha elaborado un proyecto sobre la nueva reforma laboral (la de septiembre ha constituido tal fracaso que ya nadie la considera) y que ha remitido al Gobierno.
El informe asegura que "para crecer y crear empleo, las empresas deben ser competitivas e innovadoras y para conseguirlo necesitan un marco laboral apropiado".
En otras palabras, las grandes empresas españolas quieren una reforma laboral "en serio". La principal petición al Gobierno es la instauración de algo muy parecido a un despido libre: el despido libre pero pagado. En otras palabras, romper la causalidad en el despido y sustituirlo por un llamado "despido subjetivo", según la terminología del documento al que ha tenido acceso Hispanidad, que conllevaría la posibilidad para el empresario de despedir según una tabla de indemnización "progresiva" y predeterminada, aunque el documento no contrata cantidades. El despido "subjetivo" no es más que un eufemismo para hablar de despido libre y evitar la causalidad, es decir, el paso por los tribunales.
Ni que decir tiene que los sindicatos recibirán de uñas esta proposición.
Hay otro protagonista del papel de peticiones de las grandes compañías a Zapatero: la negociación laboral. De entrada, el Consejo pide acabar con la ultra actividad, es decir, con la renovación automática de los convenios, verdadera línea roja que los sindicatos han asegurado reiteradamente no van a aceptar. De hecho, fue uno de los motivos aducidos por CCOO y UGT para amenazar con una segunda huelga general.
Eso sí, el documento no habla de reducción de los altos impuestos laborales -sobre todo las famosas cuotas-. La razón, según algunos de sus redactores es que las cuentas públicas están tan tocadas que no es planteable una reducción de cuotas, ni tan siquiera cambiándolas por IVA.
No podía faltar la ligazón entre salarios y productividad, aunque aquí no queda claro si esa ligazón se haría de forma global, por sectores o por empresas.
El absentismo es otro de los factores clave. Los grandes empresarios solicitan al Gobierno, no una nueva regulación, sino una aplicación más firme de la normativa vigente para evitar el fraude.
Si el Gobierno hace caso de las recomendaciones, el panorama laboral en España no lo va a conocer "ni la madre que lo parió".
Miriam Prat
miriam@hispanidad.com
