Un error de Rato, que se negó a firmar el decreto, ha posibilitado que los años de inhabilitación y las multas del Banco de España queden en nada. Los 1.021 millones de euros que recibirá Domingo López del Estado pueden sentar precedente en otras entidades intervenidas.
Lo que más preocupa ahora mismo al sector bancario no es ni la batalla entre Sacyr y el BBVA ni el juicio contra Emilio Botín por las indemnizaciones de José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui, sino una serie de decisiones judiciales que pueden resucitar las peores pesadillas del sector: las referidas al Caso Banesto y la resolución del juez Joaquín Ebile.
El Caso Banesto, el mayor agujero de toda la crisis bancaria española (artificialmente elevado por razones políticas, pero, en cualquier caso, un agujero enorme), conllevó un expediente del Banco de España a 17 consejeros de la entidad, con multas de entre 84.000 y 240.000 euros y periodos de inhabilitación como banqueros para Mario Conde, Juan Belloso, Arturo Romaní, Enrique Lasarte, César de la Mora, Juan José Abaitua y Vicente Figaredo de la Mora de entre 3 y 10 años.
Todo iba sobre ruedas hasta que el entonces vicepresidente primero del Gobierno se niega a firmar el decreto que formaliza el expediente por razón de consanguinidad en segundo grado con uno de los penalizados, el mencionado Vicente Figaredo (Rato y él son primos), dejando que firme el decreto el ministro de Hacienda, a la sazón Cristóbal Montoro. El consejero Rafael Pérez Escolar decide impugnar esta cuestión y el Tribunal Supremo le da la razón: es Rato, no Montoro, quien tenía que haber firmado el decreto sancionador. De inmediato, todos los representantes de las llamada grandes familias del antiguo Banesto hacen lo propio y la Audiencia les está dando la razón a todos. En otras palabras, los administradores responsables de la mayor crisis bancaria se están yendo ir de rositas por un defecto de forma. Además de los mencionados, estamos hablando de apellidos ilustres como José Luis de Oriol e Ybarra, Luis Ducasse, los socialistas Antonio Torrero y Paulina Beato, Ramiro Núñez, Roberto Mendoza, Antonio Sáez de Montagut, o el propio Rafael Pérez Escolar.
Para un país que se ha gastado más de 10.000 millones de euros en la crisis bancaria de los años ochenta y novena (comenzó en el 78), la verdad es que el asunto resulta sorprendente.
Al mismo tiempo, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) puede verse obligado a pagar 1.121 millones de euros a Domingo López Alonso, antiguo propietario del Banco Valladolid, en un fallo judicial, ante el que no cabe otro recurso que la vía del Tribunal Constitucional. Lo sorprendente de este caso es que López Alonso llevó a la quiebra al Banco Valladolid por la vía habitual: utilizando el dinero de los depositantes para financiar sus propias empresas.
Al igual que en otros casos, el Banco de España utiliza la técnica de comprarle las acciones por unas pesetas y exigir, además, al banquero que aporte bienes para paliar parte de la crisis. Lo que ocurre es que Domingo López Alonso pleitea y solicita un reconocimiento de títulos de las aportaciones realizadas. Es ahí donde se produce el giro copernicano y sorprendente del juez: convierte una solicitud de títulos, en los que no se hablaba de dinero alguno, en una indemnización de 26 millones de euros. No sólo eso, sino que consigna la cantidad y permite que López Alonso se haga con ella.
Pero el asunto no había terminado. El juez Ebile decide que la indemnización de 26 millones de euros se computen desde 1978, por lo que los intereses de demora empiezan a multiplicar la cantidad hasta terminar en los 1.021 millones de euros (unos 170.000 millones de las antiguas pesetas). Es decir, que el Estado tendrá que pagarle esa bonita cantidad a un banquero condenado... por no se sabe exactamente qué. Algunos tiemblan al pensar en lo que podría suceder si los 50 bancos intervenidos durante la crisis bancaria encontraran jueces como Joaquín Ebile.
¿Y por qué tiemblan los banqueros? Pues, muy sencillo : la crisis bancaria española sorprendió a las autoridades y al sector sin un seguro de provisión. Así, el Estado, a través del Banco de España, adelantó los fondos necesarios para el salvamento de entidades. En el entretanto, los bancos privados continuaban haciendo aportaciones para salvar el agujero existente y crear un colchón para el futuro. En 1996, todas las dotaciones al Fondo de Garantía de Depósitos son efectuadas por la banca. Ese fondo alcanza hoy los 1.500 millones de euros. En definitiva, si Domingo López se sale con la suya, el FGD necesitará de nuevas aportaciones. Los bancos, ciertamente, no están contentos.
