Muy enfadados andan los consejeros del SCH que dejaron de serlo. Ya saben, los Beteré, Benjumea, Foncillas, Hinojosa, Calvo Sotelo, Barrera de Irimo. Están enfadados porque Emilio Botín, presidente del SCH, ante la jueza Palacios, dijo que la indemnización otorgada al ex-presidente José María Amusátegui (cerca de 44 millones de euros) era un premio a su trabajo. Sólo que ellos se marcharon sin recibir un duro, y eso molesta. Amusátegui responde que él era presidente ejecutivo, pero no está claro si eso va a convencer a sus "ex". Recuerden: un consejero del SCH cobra 72.290 euros por año y el doble si figura en alguna comisión ejecutiva. Sólo si, además, cumple tareas directivas, tendrá derecho a opciones sobre opciones, bonus, etc.

En resumen, una doble moraleja: en efecto, los sueldos vitalicios deben ser extirpados de la gran empresa. El ejemplo del ex presidente de General Electric, Jack Welch, lo deja todo claro. Y no sirve la disculpa oficial de que esas indemnizaciones son habituales en los grandes bancos (cosa que es muy cierta). Los directivos de grandes empresas no pueden cobrar esas barbaridades ni por participación en beneficios ni como indemnización por jubilación, ni la empresa debe pagar, sueldos, apartamentos, coches o servicios gratuitos (eso no es de Amusátegui, sino de Welch).

Al mismo tiempo, algo habrá que hacer con la utilización perversa de la justicia por parte de quien pretende vengarse de Emilio Botín o de cualquier otra figura. En este caso, Rafael Pérez Escolar. 

Y la guinda: toda la información sobre el caso, utilizada por el abogado Franco Otegui, codo con codo con Pérez Escolar, aunque él lo niegue, procede de la memoria del Santander 2001. No estaría de más que los bancos y grandes empresas comenzaran a distribuir la memoria del ejercicio semanas antes de la Junta General de Accionistas. No todos lo hacen. Y no estaría demás que los accionistas formularan sus preguntas antes de la Junta, a fin de que el presidente no pudiera alegar que no tiene a mano la información sobre el caso.

Y no estaría demás que se respondiera a cada accionista pormenorizadamente, no en bloque y eludiendo las cuestiones claves.

Pero, por caridad, que esto no se regule a través de una Comisión, llámese Olivencia o Aldama. Basta con ponerlo por obra. 

Por las loas que Botín lanzó a Amusátegui se diría que ha habido pacto entre ellos... y entre sus abogados.