Son muchos los que consideran que la figura del procurador, representante procesal de parte, ya presente en el Derecho romano o en las Partidas de Alfonso X el Sabio como "personeros", son una figura obsoleta que encarece la justicia y resulta prescindible. El Gobierno ha preferido no acometer una reforma de semejante envergadura y, por el contrario, los ha puesto a a trabajar aún más. Y lo hace mediante un anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil destinado a reforzar sus funciones. Y ello, según ha precisado Soraya Sáenz de Santamaría, servirá para "agilizar los procedimientos de la justicia".
El anteproyecto de Ley contempla, según el Ejecutivo Rajoy, equiparar su trabajo al que realizan otras figuras similares en otros países de Europa. Participarán en actos de comunicación, embargos y algunos actos de ejecución de resoluciones, siempre, ha precisado la vicepresidenta, "muy constreñidos" a las órdenes del secretario judicial y al control judicial.
El ciudadano podrá elegir en cada procedimiento entre los funcionarios de la Administración de Justicia y este colectivo. Es la principal novedad de la futura Ley: el ciudadano podrá elegir quién que se ocupe de practicar los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicten al final del proceso: el procurador -a su costa-, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios de la Administración de Justicia, como hasta ahora.
Andrés Velázquezandres@hispanidad.com
