La ilusión de miles de familias con el agua al cuello ha quedado hoy truncada tras anunciarse la aprobación del decreto ley que posibilita la dación en pago. Más que dación es una 'dacioncita'. Sigue siendo voluntaria y dista mucho de la dación en pago que hay en Estados Unidos, donde, ni de lejos, hay que cumplir con unos requisitos tan estrictos.
Lo que ha aprobado hoy el Gobierno bajo el nombre de Medidas de Protección a deudores hipotecarios sin recursos es el famoso código de buenas prácticas para la banca, que deja de ser voluntario para tener un carácter vinculante. Es decir, los bancos que lo firmen que todavía no se sabe quiénes son, tendrán que aceptar entre otras cosas la posibilidad de la dación en pago de las hipotecas para familias en riesgo de exclusión social. No ha quedado muy claro cómo se va a articular semejante mecanismo de prácticas voluntarias que se convierten en obligatorias, ni la forma de penalizar a los bancos si no las cumplen.
La vivienda objeto del embargo, que puede ser dada en pago para que la deuda deje de estar viva, tendrá que ser su vivienda habitual, es decir, el lugar donde esté empadronado, y ha de ser su única propiedad. Y no ha de ser suntuaria. No podrá haber costado más de 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, 180.000 en las de medio millón, ni más de 150.000 euros en las de más de 100.000 habitantes. Ni 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000.
Para considerar que una familia esté en riesgo de exclusión social y pueda acogerse a estas medidas, deben tener todos los miembros en paro, sin ingresos ni actividades económicas. Además, se podrán acoger a la medida las familias que no puedan afrontar el pago de la hipoteca con el 60% de todos sus ingresos.
Vamos, que hay que estar casi muerto y enterrado para optar a la dación que pretende vendernos el Gobierno como una forma de paliar la dramática situación de más de 1.500.000 familias con graves problemas económicos y sin ninguno de sus miembros trabajando.
¿Cuántos se podrán acoger? Muchos menos de los que la necesitarían. ¿Cuántas familias que compraron su piso en pleno boom inmobiliario, ahora en paro y con los municipales en la puerta, pudieron adquirir en las grandes ciudades un piso por menos de 200.000 euros? Que nos lo expliquen. Precisamente, la crisis se nota mucho más en Madrid que en una ciudad pequeña como Segovia, que vive del turismo y sin apenas industria. Soraya Sáenz de Santamaría, a la salida de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, comentó, al ser interpelada por Hispanidad, que la cantidad estipulada para los precios de los pisos les parece razonable. Que vengaEl Idealista y lo vea.
Sara Olivo
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