- Sólo ha habido ocho daciones en pago de las 278 solicitudes de acogida al código de buenas prácticas durante el primer trimestre de aplicación (de abril a junio).
- Durante su tramitación del decreto, el Gobierno quiere incorporar aportaciones de todos los grupos parlamentarios: ahí es donde algún grupo debería meter la dación.
- Aunque luego el Gobierno hará lo que le dé la gana.
- Las entidades financieras ya se han comprometido a aportar 6.000 viviendas al nuevo fondo social. Porque "no es lógico que haya miles de familias sin vivienda cuando hay miles de viviendas vacías".
- El ministro de Economía asegura que 120.000 familias se beneficiarán de la moratoria sobre desahucios.
El decreto tiene como objetivo "proteger a los colectivos de especial vulnerabilidad" con una moratoria del lanzamiento de dos años, periodo en el que el Gobierno confía que "puedan superar la situación de especial dificultad que atraviesan" ya que la mayor parte de los impagos son por circunstancias sobrevenidas como consecuencia de la crisis y el paro.
Según De Guindos, en España hay unas 120.000 familias que cumplen todos los requisitos para acogerse a la paralización de desahucios. El Real Decreto-Ley aprobado el pasado 8 de noviembre establece que para beneficiarse de la paralización de un desahucio es necesario tener unos ingresos al año inferiores a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, etc), que en cuantía supone 19.170 euros y cumplir otros tres requisitos: que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos, que en los últimos cuatro años la hipoteca haya pasado a suponer un porcentaje mayor de los recursos familiares y que sea el crédito sobre la primera vivienda.
Además, podrán acogerse las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos, con un menor de tres años o con un miembro discapacitado; que haya al menos un parado que haya agotado las prestaciones, que convivan una o más personas con discapacidad, dependencia o enfermedad grave; o que el deudor sea víctima de violencia de género.
Junto con la moratoria de dos años en los lanzamientos, también se prevé el "impulso urgente" a la creación de un Fondo social de viviendas destinadas al alquiler a precios "muy razonables" para personas que han perdido su vivienda. En ese sentido, De Guindos ha explicado que las entidades financieras ya se han comprometido a aportar 6.000 viviendas al nuevo Fondo Social de Vivienda (FSV). Y aunque es de adhesión voluntaria, el ministro se mostró convencido de que la mayoría de las entidades de crédito lo suscribirán. Porque "no es lógico que haya miles de familias sin vivienda cuando hay miles de viviendas vacías", ha añadido el ministro.
Eso sí, ha dicho que "tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alteren el diseño normal de nuestro sistema normativo, basado en el principio de propiedad patrimonial universal, que ha permitido el acceso de muchas personas a una vivienda. Debemos encontrar el equilibrio para no convertir el crédito o el acceso a la vivienda en un privilegio al que algunos no pudieran acceder".
El real decreto previsiblemente será aprobado hoy por la Cámara Baja y tramitado como proyecto de ley y, durante este proceso, el Gobierno quiere incorporar aportaciones de todos los grupos parlamentarios y el máximo consenso posible, ha dicho De Guindos. Porque "estas son las medidas más urgentes, pero estamos convencidos de que tenemos que ir más allá y abordar mejoras en el funcionamiento del mercado hipotecario".
Ahí es donde los grupos políticos con un mínimo de sensibilidad deberían introducir la 'dación en pago' en el decreto o exigiendo un cambio en la ley hipotecaria, dación a la que De Guindos no ha aludido. En concreto, ha tendido la mano para estudiar aspectos como los intereses de demora, dar más independencia a las sociedades de tasación respecto a las entidades financieras, evitar en el futuro el sobreendeudamiento "fomentando conductas más prudentes en la compra de vivienda habitual", las cláusulas abusivas o la clarificación en la comercialización de las hipotecas más complejas. Pero de 'dación en pago', nada de nada. En cualquier caso, al final el Gobierno aprobará lo que le dé la gana así que si no quiere cambiar la ley e introducir la dación en pago -y hoy no está por la labor- no lo hará.
Porque además, el código de buenas prácticas aprobado por este Gobierno no ha conseguido más que ocho daciones en pago de las 278 solicitudes de acogida al código durante el primer trimestre de aplicación (de abril a junio). "Debemos mejorar el Código de Buenas Prácticas", ha reconocidp el ministro. Pues sí.
Y la dación en pago se constituye como solución justa para el problema de los hipotecados que no pueden devolver el crédito. El banco se queda con la casa y la deuda queda saldada. Una solución prevista en las legislaciones de otros países. Y si la vivienda ha perdido valor, que se fastidie el banco. En una operación así, los dos arriesgan. Así terminaremos con el tópico ese -bastante real- de que la banca nunca pierde.
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
