De entrada, le deseo al presidente del banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, lo mejor. Le deseo, por ejemplo, que no tenga que entrar en la cárcel, una experiencia que presumo durísima. Y lo mismo le deseo a José María Amusátegui y a Ángel Corcóstegui, especialmente al primero, uno de los tipos más cultos y campechanos que conozco.
Ahora bien, el caso de las indemnizaciones, así como el de las cesiones de crédito, han supuesto una perversión de la justicia, esta vez no por lenta, sino por onerosa.
Por ejemplo, si la opción de Emilio Botín, en el sentido de que su acusado, Pérez Escolar, tenía que pagar una "fianza de su fianza", no fuera a ser que perdiera el juicio, forma parte de este carnaval de la justicia cara.
La argumentación es peregrina y un poco majadera, y la juez Teresa Palacios no ha hecho caso de ella. Ahora bien, no es algo nuevo. De hecho, entre los poderosos, siempre rodeados de equipos de juristas, se está poniendo de moda la justicia cara como la mejor barrera de protección. Por lo general, esta justicia cara se está concretando a través de indemnizaciones cautelares. Por ejemplo, cuando José María Trevijano, un hombre que lleva peleando con las grandes corporaciones para que respeten el derecho de suscripción preferente de los accionistas en ampliaciones de capital y en emisiones de obligaciones, denuncia al BBVA de Francisco González, líder de estas prácticas, el aparato judicial, magistrados y abogados, se las arreglan para conseguir que las costas del juicio sean proporcionales a la cantidad demandada. Dado que esas cantidades (para todo el cuerpo social de BBVA) eran inmensas, Trevijano no podía arriesgarse a perder: sería su ruina. Total, un problema menos para el poderoso.
En otros países, cuando un particular denuncia a una gran corporación, especialmente por delitos económicos, acude primero al regulador de turno, si este considera que hay indicio de delito o de abuso, asume la causa como propia y corre con los costes. A fin de cuentas, se supone que el principal cometido del regulador de los mercados es proteger al pequeño accionista.
Porque la justicia cara puede ser todavía más peligrosa que la justicia lenta. Y mucho más injusta.
Es más (vean nuestra noticia de portada), de otra forma, la única manera de descabalgar a un poderoso, a un banquero, a un empresario, es que éste pierda el favor político. El caso de Mario Conde es sintomático. El presidente de Banesto pasó de héroe a villano por razones económicas, sí, pero también por razones políticas. Pero la obligación de un empresario no es llevarse bien con el Gobierno, ¿verdad?
Eulogio López
