Decíamos ayer que el maltrato al juez Ferrín (en la imagen) venía tanto del PSOE como del PP -más de este último, por aquello de que no hay peor cuña que la de la propia madera-, de la judicatura progre y de la judicatura conservadora. Un juez coherente molesta a unos y a otros. Y de paso, a mí me sirve para reflejar lo que ocurre con la justicia española y, sobre todo, con los jueces españoles, el poder más sectario de todos, incluido el representado por los partidos políticos.

Vamos hoy con un detalle. Si desde Hispanidad solicitamos apoyo financiero con el juez Ferrín (BARCLAYS BANK: 0065-0036-71-0001089147) es porque además de indemnizar a las dos lesbianas que le denunciaron, la Administración española (aquí incluyo tanto al Ejecutivo como al Consejo General del Poder Judicial) le obliga a pagar los salarios percibidos durante la tramitación de su causa, con los correspondientes intereses de demora. Nos faltan 40.000 euros para lograrlo.

Ahora bien, ha actuado el CGPJ y el Gobierno de la misma manera con otros jueces inhabilitados. No por cierto. No se le obligó a devolver los salarios percibidos durante el proceso al juez Baltasar Garzón, encausado por tres procesos mucho más graves que el de Ferrín pero en versión progresista. Tampoco a Francisco Javier de Urquía, condenado e inhabilitado por aceptar sobornos. Además, Garzón no tiene ningún problema: le han llovido trabajos, por ejemplo, como asesor de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y del Tribunal de La Haya. En cualquier caso, tanto Garzón como Urquía no les han obligado a devolver los salarios durante su periodo de suspensión cautelar.

Curiosamente, sí se le exige la devolución de los salarios a Francisco Serrano Castro, condenado por permitir a un padre separado quedarse medio día más con su hija para ver una procesión en Sevilla. Sí han oído ustedes bien. La denuncia de la madre no sólo condenó al padre... sino al juez de Familia Serrano Castro. Si el homosexualismo campa a sus anchas en la justicia española, el feminismo y la ideología de género, no menos.

Lo de la sanción a Ferrín es aún más dura que la de Serrano, pues a éste se le obliga a devolver los salarios percibidos desde el inicio del juicio oral mientras a Ferrín desde el inicio de la instrucción. Y todo ello por mor, principalmente, del Ministerio de Justicia que preside el muy conservador señor Gallardón.

Son las dos varas de medir que todos estamos permitiendo a la progresía: la de izquierdas y la de derechas, dos caras de una misma moneda.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com