Lo de la ‘herencia recibida’ tiene su aquel en política. En algunos casos sirve para justificar determinadas actuaciones y decisiones y, en otros, como el que nos ocupa, sirve para que seas tú el que recibe la colleja y no el verdadero responsable del desaguisado en cuestión.

La historia, de la que ya se hablaba hace algunos meses, se concretaba en una carta dirigida por el secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, al secretario general de Hacienda de la Junta de Andalucía que descolocaba al Gobierno andaluz a pocos días de la aprobación de los Presupuestos para 2020 de la comunidad.

En ella se instaba a la Junta a realizar un plan de ajuste para someterse a las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al tiempo que le impedía la captación de recursos a través de los mercados. Es decir, una intervención financiera que bloquea la captación de recursos y que exige recortes significativos que frenarían las reformas emprendidas por el Ejecutivo de Moreno Bonilla, entre ellas, las rebajas fiscales respaldadas recientemente por la mayoría parlamentaria.

Se han revisado algunas partidas de las cuentas andaluzas de 2018 y resulta que ese año la Junta no cumplió. Se pensaba que sí... pero no

Hablamos de unas cuentas que son objeto de sanción en las que el Partido Popular no tuvo nada que ver y que devuelven a Andalucía a la casilla de salida, más conocida por FLA en el sudoku de la financiación autonómica, por incumplir los objetivos fiscales en 2018. 

Al gobierno de Moreno Bonilla se le han puesto los pelos de punta, como no podía ser de otra manera: la ministra les castiga por el incumplimiento cometido por parte del gobierno socialista de Susana Díaz y en el que, para más inri, la propia Montero era la ‘mandamás’ de los números.

PP y Ciudadanos quieren que comparezca para dar explicaciones y exigen, además, que rectifique. Hacienda responde que solo aplica la ley y que no hay ningún tipo de arbitrariedad, “ni sesgo político en la decisión”.

Para entender lo que pasa hay que remontarse al peor año de la crisis. El año 2012, con una situación financiera desastrosa que provocó la aprobación de nuevas leyes para controlar el agujero de las cuentas públicas (incluidos gobiernos autonómicos y ayuntamientos) y evitar así el desastre. A partir de ese momento, se imponía el rigor y la sostenibilidad financiera para muchas comunidades que estaban ahogadas, que no tenían dinero para pagar las facturas y que tampoco se podían endeudar más. Así que, y ante este panorama, ¿quién era el guapo que les iba a prestar dinero a tenor de los números rojos que presentaba su contabilidad? Pues el Estado, que se sacó de la chistera el FLA, fondos baratos para aquellas comunidades en apuros, prácticamente todas en esas fechas.

A Moreno Bonilla se le han puesto los pelos de punta, como no podía ser de otra manera: la ministra les castiga por el incumplimiento cometido por parte del gobierno socialista de Susana Díaz 

El gobierno central, que era de fiar, era el encargado de pedir el dinero al mercado que luego entregaba a los gobiernos autonómicos con unos tipos de interés mucho más bajos. Una ayuda que, no obstante, llevaba su penitencia: planes de ajuste draconianos y estrecha vigilancia del Estado a las cuentas. 

Según mejoraba la situación económica, las comunidades se desenganchaban del FLA, lo que suponía mayor libertad para controlar sus gastos y tomar decisiones. Si no se pasaban y cumplían con los objetivos de reducción de déficit y deuda, Hacienda les daba el visto bueno. 

Andalucía dejó de utilizar el Fondo de Liquidez Autonómico en 2018 pero parece que las cosas no iban tan bien porque habría sido precisamente en ese ejercicio cuando se habría incumplido con el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto por parte de la Junta cuando estaba en manos de Susana Díaz, que ahora tiene que enmendar el actual Gobierno de la Junta.

¿Qué ha pasado? Que se han revisado algunas partidas de las cuentas andaluzas de 2018 y resulta que ese año la Junta no cumplió. Se pensaba que sí... pero no. Andalucía cerró el déficit de 2018 en el 0,41%. A lo largo de 2019 se declararon gastos sobrevenidos imputados a 2018, lo que hizo que el déficit definitivo de ese año se fuera al 0,51%, por encima del objetivo del 0,4%.

Es como si la comunidad hubiera suspendido un examen que se pensaba que tenía aprobado.

PP y Ciudadanos quieren que comparezca la ministra para dar explicaciones y exigen, además, que rectifique. Hacienda responde que solo aplica la ley

Mientras, el Gobierno de Moreno Bonilla exhibe, como señal incuestionable de la salud financiera, que el Tesoro andaluz ha estado vendiendo pagarés a tres, seis, nueve, 12 y 18 meses. ¿Cuánto ha tenido que pagar de intereses para que resultara atractiva? Nada. Ha conseguido emitir a tipos negativos. Traducción: los inversores se fían de las cuentas de la comunidad.

Entonces, ¿quién tiene la razón? Si nos atenemos a la ley, el que no cumple tiene que enfrentarse a las consecuencias. Pero ¿tiene sentido castigar a Andalucía por unas cuentas con las que el gobierno actual de la Junta no tuvo nada que ver?. En Hacienda explican que Montero solo estuvo seis meses controlando los números y que ella no es responsable. 

Y digo yo, ¿no sería mejor esperar y ver cómo gestiona 2019 Moreno Bonilla y si no cumplen exigirles que enmienden sus planes para ajustarse a lo comprometido? A esto el ministerio señala que se van a desviar y que, tal y como dice la Airef, es “improbable” que cumpla. Este año el objetivo de déficit para todas las Comunidades Autónomas es del -0,1%. Es verdad que va a estar complicado lograrlo, incluso a las que les va bien como Madrid. 

Hacienda por tanto tendrá que ponerse seria también con otras comunidades.