La Asociación de Internautas pide al nuevo Gobierno que proteja por ley la privacidad de las comunicaciones electrónicas

Desde el pasado viernes, España cuenta con un nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elegido por primera vez mediante una moción de censura. El responsable de Industria y la denominada Agenda Digital tendrá por delante importantes tareas que afectarán de lleno al sector de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

Según la Asociación de Internautas, esas tareas son:  

- Reactivación el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI, órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, que tiene como cometido el estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática. Además de informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre los que, por propia iniciativa, juzgue conveniente. El informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información equivaldrá a la audiencia a la que se refiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Este Consejo no ha sido convocado durante el mandato del José María Lasalle, secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital de España en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital desde 2016 , a pesar de que el Gobierno ha hecho propuestas legislativas como la que proponía acabar con el anonimato en Internet, calificada desde la sociedad civil como un intento de recortar las libertades en Internet, y un ataque "muy grave" contra derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión e ideológica.

-La presentación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, sin consulta previa a organismos de representación como el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI y que muy posiblemente vulnere el artículo 18.4 de la Constitución que señala que la ley impondrá la limitación del uso de la informática para garantizar la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. En esta ocasión, el desarrollo del PNR vulnera este precepto y puede menoscabar la privacidad de los ciudadanos. Ser ciudadanos de cristal, donde el Estado conozca muchos de nuestros datos personales.

- En cambio, el DNI electrónico adolece de una Ley Orgánica que garantice la gestión, desarrollo y funcionamiento de este documento vital para la identificación de los ciudadanos ante la Administración Pública, así como para facilitar su funcionamiento.

- Tampoco el Gobierno de España se ha ocupado de desarrollar una necesaria Ley Orgánica sobre la interceptación de las comunicaciones electrónicas que establezca las garantías necesarias para que el poder judicial vele y asegure la privacidad y la intimidad de las comunicaciones electrónicas y telefónicas de la ciudadanía.

-Donde sí tendrá más que hacer el nuevo responsable para la Sociedad de la información será en lo referente al 5G. Mientras otros países ya han asignado frecuencias en distintas bandas, en España todavía estamos pendientes de la primera subasta, la que afecta a la banda de los 3,6 GHz que se pondrá en marcha en julio. Todos los expertos del sector coinciden en señalar que “en cada subasta la CNMC sugiere las normas que las deberían regir pero la última palabra la tiene siempre el Ministerio de Industria o la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que alberga en su seno. Así, el Ministerio saliente dictó precios de salida asequibles y un pago a plazo para los que se hagan con licencias en la banda de los 3,6 GHz. También ha impedido la participación de pequeños operadores, estableciendo un mínimo de facturación necesario, o la de fondos de inversión, pidiendo "solvencia profesional". El nuevo Ministro de Industria no debería alterar esa subasta, para no retrasarla, pero sí debería ponerse a trabajar desde ya en la subasta clave, la de los 700 MHz, que según el actual Plan Nacional 5G no se produciría hasta 2019. Los operadores se mostraron satisfechos con las condiciones para la subasta de la banda de los 3,6 GHz, pero la duda es si a la siguiente subasta se le aplicarán las mismas condiciones o si habrá otras que puedan afectar al resultado final”... Evidentemente los precios de salida de la subasta de los 700 MHz serán más altos, al ser la banda más deseada, pero mantener el pago aplazado de las licencias favorecería un despliegue más rápido, al contar los operadores con más caja para ejecutarlos. Además, se deberá tratar con sumo cuidado el número de bloques que se pondrá a disposición de los operadores y los límites de compra, ya que pueden ser determinantes.

- Por otro lado y buscando cubrir las zonas no rentables para los operadores, el Gobierno aprobó en marzo un plan dotado con 525 millones de euros para que todos los españoles cuenten con conexiones de fibra de al menos 300 Mbps en 2021. En este plan podría intervenir el nuevo Gobierno, ya que las partidas se distribuyen en distintos años, aunque no parece conveniente dado que es difícil que la iniciativa privada llegue algún día a cubrir todo el territorio nacional.

 - Por último, la Asociación de Internautas exige que se solicite al Ministerio de Cultura que se atenga a los estudios de impacto que han servido para fijar las tarifas del Canon Digital aprobado ya que de no existir estaríamos ante un presunto fraude de ley y por ese motivo que se rechace el Real Decreto en tanto haya un debate en el que participen todas las partes interesadas y se cumpla con los requisitos manifestados por el Tribunal Supremo.