Como se recordará, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) mantiene el impuesto de donaciones y sucesiones bonificado al 99% en la Comunidad de Madrid.

Mientras que, por su parte, la ministra de Hacienda María Jesús Montero está decidida a intervenir en la política fiscal de las comunidades autónomas y propiciar la armonización de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Es decir, está dispuesta a subir estos tributos a las comunidades que tienen bonificada dicha carga fiscal, como es el caso de la Comunidad de Madrid, Cantabria, Castilla y León o, Andalucía.

En ese contexto, la diputada de Vox Inés Cañizares denunció ayer la persecución fiscal que afrontan los españoles, para los que ha reclamado la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una lucha que han emprendido hace tiempo millones de españoles, representados en la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones, que ha ofrecido a Vox el más de millón de firmas recogidas por la supresión de este tributo.

“Los rendimientos de tu trabajo tributan por IRPF. Si te compras un piso, transmisiones patrimoniales; si lo vendes, IRPF y plusvalía. Si te gastas tu dinero, IVA. Si quieres donarlo, Donaciones. Si lo ahorras, Patrimonio. Y al final, que ya solo te queda morirte, entonces sucesiones”, informa Vox.

Vox, ha explicado Cañizares, presentó en mayo de 2020 una Proposición de Ley para eliminar este impuesto. Proposición que fue vetada por el Gobierno sin opción a debate: “Una vez más el Gobierno da la espalda a su pueblo y desoye sus demandas”.

“En estos momentos de crisis, en los que los gobiernos europeos reducen los impuestos, el gobierno de España opta por lo contrario, aumentando la presión fiscal al ciudadano medio. Esta iniciativa por tanto, no es un capricho , sino la necesidad de dar respuesta a la demanda de millones de españoles, muchos de ellos representados por La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones, movimiento social y apolítico que agrupa a las principales asociaciones que luchan contra la injusticia de este cruel tributo, y que ha recabado más de 1.000.000 de firmas contra este impuesto, firmas de ciudadanos que no pertenecen a las élites, no son ricos, ni poderosos, sino todo lo contrario, trabajadores y personas humildes expoliadas y que en muchos casos viven auténticos dramas”.

Que es un impuesto justo progresivo que redistribuye la riqueza. "Falso, porque rompe el principio de igualdad entre los españoles, con versiones diferentes para cada autonomía, llegando incluso a ser confiscatorio

Cañizares ha desmentido, además, los mantras que emplean los defensores de este impuesto:

Por ejemplo, que este impuesto está presente en toda Europa. “Mentira. La realidad es que el impuesto está siendo progresivamente eliminado, no existiendo en más de la mitad de los países de la Unión Europea, y en aquellos que lo mantienen, cumple una función más regularizadora que impositiva”.

Que es un impuesto defendido por expertos economistas. “Mentira. Lo consideran un ataque directo al ahorro de las familias, generando desinversión, paro y miseria allí donde se aplica”, añadía Cañizares.

Que es un impuesto justo progresivo que redistribuye la riqueza. "Falso, porque rompe el principio de igualdad entre los españoles, con versiones diferentes para cada autonomía, llegando incluso a ser confiscatorio. La aplicación de este tributo es la más injusta porque recae sobre la clase trabajadora, no tiene en cuenta la capacidad económica real del heredero para hacerle frente, y éste o bien renuncia previamente a lo que por derecho le pertenece, o en caso de aceptar de buena fe la herencia, le perseguirán si luego no puede pagarla”, exponía la diputada de Vox.

Que sin este impuesto peligran los servicios públicos. “Mentira. La recaudación de este tributo es meramente testimonial -apenas 1% del total del presupuesto autonómico-. Y a pesar del bajo impacto de su recaudación sobre los ingresos públicos, es el que más daño psicológico, dolor y dramas provoca en las familias de los españoles, arruinando sus vidas en muchos casos”, seguía argumentando Cañizares.

Dirán que el legítimo movimiento social contra el tributo es una maniobra. “Falso. Deslegitimar esta lucha social es querer acallar la expresión de la voluntad popular. El Estado debe preocuparse más por generar riqueza y bienestar a sus ciudadanos, que por recaudar. Con 22 ministerios, 17 reinos de taifas, y con un gasto político disparado a costa de asfixiar al ciudadano, ya es hora de recortar gastos improductivos y eliminar esta injusticia social”, explicaba.

En resumen, se trata de un impuesto que “genera desigualdad, no atiende al principio de progresividad, no contribuye a la redistribución de la riqueza, desincentiva el ahorro en las familias, supone una mínima aportación a los recursos públicos, provoca renuncia a herencias, y es cuestionado por las instituciones europeas

En resumen, se trata de un impuesto que “genera desigualdad, no atiende al principio de progresividad, no contribuye a la redistribución de la riqueza, desincentiva el ahorro en las familias, supone una mínima aportación a los recursos públicos, provoca renuncia a herencias, y es cuestionado por las instituciones europeas, como queda patente en la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, que declara contrario al derecho originario de la Unión Europea el régimen fiscal establecido en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones español”, ha concluido Cañizares. 

Recuerden que el Gobierno Sánchez está empeñado en subir el impuesto de patrimonio y de donaciones y sucesiones, y que acusa a Madrid de 'dumping' fiscal, pues el PP permite una exoneración en donaciones y sucesiones que, en la práctica, anula el impuesto.