El Ayuntamiento de Tudela (Navarra) desveló recientemente la desactivación de una trama ilegal que había empadronado de manera irregular a más de 300 personas con el objetivo de beneficiarse de los sistemas sociales de Navarra, desde renta garantizada hasta atención médica, informó Navarra.com.

La trama delictiva cobraba entre 150 y 250 euros por empadronar a ciudadanos extranjeros en domicilios alquilados de Tudela, a los que luego entregaba los certificados de empadronamiento con los que conseguían acceder a servicios de la Comunidad foral aunque estuvieran fuera de Navarra, incluso de España.

El alcalde de la localidad, Alejandro Toquero (de Navarra Suma), compareció  junto al jefe de la policía local, Juan Cruz Ruiz, para dar cuenta de unas investigaciones que comenzaron en el mes de junio, con la llegada de Navarra Suma a la alcaldía. Hasta ese momento el alcalde de Tudela era Eneko Larrarte (I-E), actual director general de Vivienda del Gobierno de María Chivite. En la comparecencia también ha participado Anichu Agüera, concejala responsable de esta área, añade este medio.

“Se comprobó además que muchos de los empadronados en estos pisos no viven en Tudela, ni en Navarra e incluso algunos de ellos están fuera de nuestro país"

“Se comprobó además que muchos de los empadronados en estos pisos no viven en Tudela, ni en Navarra e incluso algunos de ellos están fuera de nuestro país y que pese a ello pueden estar beneficiándose no sólo de documentación oficial , sino también de ayudas económicas que no les corresponden. Se trata por tanto de no pervertir el sistema y dar las ayudas a los que realmente la necesitan y cumplen los requisitos”, ha señalado Alejandro Toquero. Por el momento, el consistorio tudelano ha llevado a cabo ya tres acciones. En primer lugar proceder a iniciar el desempadronamiento de las personas que no vivían en esos pisos, hasta el momento se han realizado 335, añade Navarra.com.

En segundo lugar, por parte de los servicios sociales, revisar las ayudas concedidas desde el año 2017 y en especial a las otorgadas durante 2018 y primer trimestre de 2019  “periodo en el que se ha comprobado que han tenido lugar estos hechos" y, por último, poner toda la información en conocimiento del departamento de extranjería de Policía Nacional, afirma este medio.

Como explicó Navarra Confidencial recientemente, “al margen de populismos y efectos llamada que no puede haber arca pública que los resista, que una persona cobre una ayuda fraudulentamente implica dos cosas: una que se quede sin ayuda (o con menos ayuda) otra persona que realmente lo necesite y reúna los requisitos para recibirla, y segundo que el contribuyente tiene que cargar con unas ayudas que son un fraude y no se justifican. La duda final es si los políticos que a veces muy entusiásticamente prometen papeles, ayudas y rentas, ponen un celo proporcional a ese entusiasmo en escrutar que todas esas ayudas sean regulares y estén justificadas. Porque aún podríamos citar un tercer efecto de la proliferación de toda esta picaresca y es que, quienes vigilan escasamente el rigor de todas estas ayudas que son pródigos en conceder, después se llevan las manos a la cabeza y se rasgan las vestiduras cuando aumenta la simpatía del electorado hacia formaciones que se tildan de “extrema derecha”, pero que simplemente proponen (ya se ve que con alguna razón) imponer un poco de orden y de rigor en el alegre reparto del dinero que pagan los navarros con sus impuestos”.

Se calcula que durante los más de tres años que engañaron al Gobierno vasco, ganaron 395.000 euros

Otro ejemplo similar se produjo en el País Vasco, donde, según informó ABC en 2015, una pareja de origen paquistaní residente en Vitoria podría haber falseado su identidad hasta en diez ocasiones para conseguir ayudas sociales de forma fraudulenta. Él cobraba seis rentas de garantías de ingresos (RGI) al mismo tiempo y su mujer, otras cuatro. Estas percepciones sociales eran otorgadas desde las oficinas de empleo y ayudas sociales del Gobierno vasco, Lanbide, adonde acudía esta pareja de defraudadores para cobrar. Una renta que, según publicó « El Correo», podría variar entre los 6.000 y los 10.000 euros mensuales. Se calcula que durante los más de tres años que engañaron al Gobierno vasco, ganaron 395.000 euros. Cuatro personas ya han sido arrestadas por estos hechos.

Fue la Diputación de Álava (PP) la que denunció en 2013 que se había detectado una llegada masiva de menores de Pakistán, que recalaban en los centros de acogida de la capital. De hecho, la población paquistaní se ha triplicado, de 500 a 1.500 personas censadas. A raíz de aquello, la Ertzaintza ha descubierto una red que habría falseado documentación para facilitar el cobro de las ayudas sociales a personas de aquel país. En Vitoria se han descubierto un centenar de empadronamientos falsos de paquistaníes. Un entramado que estaría vinculado con la captación de menores en la región norte del país (Lahore). Allí ofrecían a sus padres llevarlos al País Vasco, donde sus hijos podrían vivir de las instituciones previo pago de hasta 6.000 euros. Viajaban a través de Turquía, Grecia y Barcelona, hasta alcanzar la capital alavesa, según fuentes consultadas por ABC.

El regidor de Vitoria señaló en verano a los extranjeros de origen magrebí, «argelinos y marroquíes», por venir a «vivir de las ayudas sin querer trabajar»

Vitoria se ha convertido en el epicentro del debate sobre los requisitos exigibles para el acceso de cualquier ciudadano a las ayudas sociales. En concreto, el regidor de Vitoria señaló en verano a los extranjeros de origen magrebí, «argelinos y marroquíes», por venir a «vivir de las ayudas sin querer trabajar». Según datos oficiales del Gobierno vasco, un 65 por ciento de estas nacionalidades cobran ayudas, lo que para el PP refleja una «situación anómala» y tiene un «efecto llamada», informó el mismo medio

Se calcula que el cobro indebido de prestaciones en el País Vasco desde 2012 se eleva a 86 millones, según datos oficiales. El entonces alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto, y el PP vasco denunció en solitario los «abusos» cometidos en particular por una parte de la población, inmigrantes en situación irregular, que al no poder acceder al mercado regular «perpetúan» su situación como receptores de las ayudas sociales. En el País Vasco estas ayudas son superiores a las del resto de España, hasta 866 euros al mes más otros complementos, como ayudas para el alquiler (250 euros).

¿Y luego se extrañan de que crezca Vox, el único partido que promete poner orden en ese tipo de cosas?