Durante la apertura del año judicial y ante la presencia del Rey, Felipe VI, la nueva Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha presentando la Memoria de la Fiscalía de 2019. Recuerden que el pasado viernes, sorprendentemente, la exministra se la presentó con antelación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

En su discurso, Delgado ha destacado un “incremento de un 12% de las calificaciones por delitos contra la libertad sexual en las que las víctimas son personas menores de edad”. “En el caso de víctimas mayores, la cifra se estabiliza”, ha declarado.

La fiscal general del Estado también ha subrayado el “repunte” en la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en 2019, con respecto a 2018. En concreto, 59 el año pasado, frente a las 51 del anterior. Delgado apunta que, de las casi 60 mujeres asesinadas, “sólo 15 habían formulado denuncia previamente”. O sea, en la línea progre de Dolores Delgado: para luchar contra la violencia intrafamiliar lo que hay que hacer es denunciar al varón. También por violencia psicológica.

La jefa de los fiscales ha propuesto una reforma de los "mecanismos de control judicial de los internamientos de personas mayores o con discapacidad ingresadas en centros residenciales o sociosanitarios cuando no puedan decidirlo por sí mismas

Asimismo, la jefa de los fiscales ha propuesto una reforma de los "mecanismos de control judicial de los internamientos de personas mayores o con discapacidad ingresadas en centros residenciales o sociosanitarios cuando no puedan decidirlo por sí mismas". Delgado añadió que "los acontecimientos últimos", en referencia al covid-19, los "han convertido en asuntos de enorme actualidad y cuya solución deviene inaplazable".

Delgado también ha anunciado que en los próximos días dictará una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los fiscales del tema de las “ocupaciones de morada”, al que se ha referido como “fenómeno delictivo”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado que la pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto “la necesidad de una mayor claridad normativa” respecto de la adopción por las Administraciones de medidas restrictivas de la libertad personal al amparo de la legislación sanitaria de excepción, que exige ulterior control judicial aun bajo el estado de alarma, recoge Poder Judicial.