Son muchos los aspectos que reflejan la cara coña de las renovables en España, donde no todo es tan bonito como quieren hacernos creer en pro de la lucha contra el cambio climático y una energía más limpia. Las generosas primas a las renovables que otorgó José Luis Rodríguez Zapatero dispararon el déficit de tarifa a casi 30.000 millones de euros; las reclamaciones milmillonarias de los fondos por el recorte de dichas primas que hizo después; o la burbuja especulativa que no deja de crecer actualmente…

El socialista ZP prometió una rentabilidad del 7,398% para las renovables que disparó el déficit de tarifa. Como saben, esta pesada herencia aún no ha desaparecido: cerró 2020 en 14.294 millones y se prevé que lo acabaremos de pagar en 2028. Conviene recordar que la idea de ZP también es el origen de las reclamaciones milmillonarias de fondos y compañías en laudos internacionales, pues cuando el ministro socialista Miguel Sebastián se dio cuenta de la barbaridad que había hecho ZP empezó a meter la tijera en las primas a las renovables con la reforma de 2010 y le siguió el popular José Manuel Soria con un gran recorte en 2013.

Cuando el ministro socialista Miguel Sebastián se dio cuenta de la barbaridad que había hecho ZP empezó a meter la tijera en las primas a las renovables con la reforma de 2010 y le siguió el popular José Manuel Soria con un gran recorte en 2013

A España le han reclamado más de 7.700 millones de euros en casi 50 demandas internacionales por el recorte retroactivo a la retribución de las renovables, siendo el primer país de la Unión Europea y el segundo del mundo que más casos acumula derivados de las demandas que se apoyan en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Este acuerdo internacional fue firmado por varios países en 1994 y exige un tratamiento justo y equitativo a todos los inversores en un Estado firmante.

Actualmente, hay 48 procesos arbitrales abiertos, de los que 29 están pendientes de resolución y 19 en fase de anulación o de anulación y ejecución. De estos últimos, 6 han sido favorables a los intereses de España. Hasta ahora, y según los laudos provisionales cuantificados de 13 arbitrajes, nuestro país debería pagar 860 millones a los demandantes, siete de los cuales ya han solicitado la ejecución de las sentencias en tribunales de EEUU y Australia. Ahora bien, el tribunal del Distrito de Columbia de EEUU -que aglutina la mayoría de las peticiones- ha decidido esperar a que los laudos sean firmes antes de autorizar el embargo de bienes españoles en su territorio.

No obstante, conviene recordar que ninguna de las indemnizaciones conseguidas por los inversores extranjeros es definitiva, porque todos los fallos han sido recurridos por la Abogacía del Estado. También ha habido un cambio en la jurisprudencia de las cortes arbitrales, que ha dado como resultado seis laudos favorables e incluso que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje del Banco Mundial, diera el visto bueno a la reforma Soria y considerara que cuando España redujo la rentabilidad de las renovables no cometió ninguna ilegalidad y que lo hizo en defensa del interés público y en circunstancias extraordinarias.

Desde noviembre de 2019, varios fondos han retirado su demanda en contra de España -The PV Investors, Element Power Holdings BV, RREEF, Stadwerke y Masdar, entre otros- y también han comunicado su voluntad de hacerlo -Ferrostatal y RWA-

En este cambio de jurisprudencia también ha influido el hecho de que a finales de noviembre de 2019, el Gobierno Sánchez (entonces sÓlo socialista) impulsara una normativa para intentar llegar a acuerdos con los fondos y que retiraran sus demandas. En concreto, la medida que adoptó Teresa Ribera, entonces sólo ministra para la Transición Ecológica, fue establecer un régimen económico extraordinario con una rentabilidad del 7,4% hasta 2031 para las instalaciones anteriores al recorte de 2013. Desde entonces varios fondos han retirado su demanda en contra de España -The PV Investors, Element Power Holdings BV, RREEF, Stadwerke y Masdar, entre otros- y también han comunicado su voluntad de hacerlo -Ferrostatal y RWA-. Claro que también siguen llegando nuevas demandas, como la Mitsui, que se presentó el pasado noviembre. Y entre los pleitos perdidos, los tribunales han dado la razón a Watkins Holdings, RWE, Novenergia, Impax Asset Management y al inversor alemán SolEs Bodajoz.

Desde hace casi 14 meses tenemos un nuevo Gobierno Sánchez (ahora de socialistas en coalición con Unidas Podemos) y Ribera es vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero pocas cosas han cambiado. Ribera es la miembro más ecologista del Gabinete y sigue empeñada en impulsar molinillos y placas solares, pero ha surgido una burbuja especulativa que no deja de crecer (compras, ventas y salidas a bolsa) de la que los fondos de inversión, los bancos extranjeros, China y las petroleras quieren sacar una jugosa tajada, pero también algunas empresas españolas. Asimismo, Ribera ha empezado a hacer subastas: la primera fue de 3.000 megavatios -1.000 MW fotovoltaicos, 1.000 MW de eólica terrestre y el resto sin restricción tecnológica-. Además, no se puede olvidar que al tiempo que se llevan años impulsando los molinillos y las placas solares, ya hay un calendario de cierre progresivo para los reactores nucleares, pese a que también generan energía sin emitir CO2 pero sufren una altísima presión fiscal.