José Manuel Franco fue denunciado por un delito que se recoge en artículo 523 del Código Penal y conlleva pena de prisión o multa
Llegan problemas para el socialista José Manuel Franco, pues el Juzgado de Instrucción nº5 de Madrid ha abierto diligencias contra él por la interrupción de una misa en la iglesia de San Jenaro de la capital hace un año. Este hecho sucedió cuando era delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, un cargo que dejó hace ocho días para convertirse en nuevo secretario de Estado para el Deporte (pese a no tener experiencia deportiva), y por el que fue denunciado por la Asociación Española de Abogados Cristianos por un presunto delito contra los sentimientos religiosos.
En concreto, el posible delito de “interrupción de culto” se recoge en el artículo 523 del Código Penal y puede conllevar una pena de prisión de seis meses a seis años si el hecho se ha cometido en el lugar destinado al culto, y con una multa de cuatro a diez meses si se realiza en cualquier otro lugar. Abogados Cristianos acusa a José Manuel Franco porque considera que los policías que llevaron a cabo dicha interrupción actuaron cumpliendo sus instrucciones.
Desde esta Asociación, explican que el Real Decreto por que se declaró el estado de alarma decía en su artículo 11 que “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”. Además, “había un anexo en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al pública queda suspendida, entre las que no se encontraban las iglesias y otros lugares de culto análogos”, ha explicado Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. “El Gobierno de Sánchez e Iglesias ha aprovechado la pandemia para vulnerar ilegalmente derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho a la libertad religiosa”, ha subrayado.