• Y Luis de Guindos, mientras, echa otro jarro de agua fría: el Gobierno no ayudará a la energética.
  • Los bancos acreedores tampoco dan el brazo a torcer y resisten a la presión del Ejecutivo.
  • El ministro de Economía se demarca de la crisis en Abengoa: el problema es la deuda, no la reforma Soria.
  • A la espera de que se aclare su situación financiera, calcula en 450 millones el riesgo del Estado (sin Bankia).
  • Pero los bancos dan por segundo que la crisis de Abengoa no se soluciona en los cuatro meses de preconcurso.
Las bifurcaciones de la crisis en Abengoa tienen dos aristas este viernes, y las dos apuntan en el mismo sentido: la difícil salida a un inevitable concurso de acreedores. Por un lado, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha despejado cualquier duda, si quedaba, sobre su posición del Gobierno respecto a Abengoa. De ayudas públicas, nada; en eso se resume. Y por otro lado, los bancos acreedores, a los que el Ejecutivo va a presionar todo lo que pueda, tampoco dan el brazo a torcer. Dan por segura, además, la entrada de la energética en concurso de acreedores y ya han contratado los servicios del más fiero en una negociaciones de ese calibre, el bufete de Uría Menéndez. Guindos ha sido fino en las formas, que también las tiene, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Al tiempo que dejaba claro que de ayudas de Estado, nada -también porque lo impiden las normas comunitarias-, ha insistido, por activa o por pasiva, en que la energética es puntera tecnológicamente; es importante, por su actividad y empleo (6.500 de sus 28.000 trabajadores en España), y viable, un deseo. Su presencia era obligada porque Abengoa no es una pyme, precisamente, y el contratiempo (con desplome bursátil y expulsión de Ibex, incluido) ha sucedido a un mes escaso de la cita de las elecciones generales. Pero no se ha andado con paños calientes. Y es que si Abengoa ha llegado a donde ha llegado, según Guindos, ha sido, básicamente, por su elevado apalancamiento, gestado durante años. Es la situación que afronta el presidente, José Domínguez Abascal (en la imagen), que ha asumido desde todo el poder ejecutivo. El Ceo, Santiago Seage, se centrará sólo en AbengoaYield. El Gobierno, ha añadido Guindos, ya ha ayudado bastante a Abengoa estos últimos años. Ha querido así echar balones fuera a la manida pupa que le ha podido hacer la reforma energética de Soria, que puso las primas donde les correspondía para no hinchar el déficit de tarifa. Guindos ha completado esa tesis con un argumento subliminal (o explícito, como prefieran): a día de hoy el 90% de los ingresos de Abengoa proceden de su actividad en el exterior, no de España. El problema, por tanto, es más amplio. Y a eso añadan lo que depare el conocimiento de "la situación real de la empresa", aunque hablamos de un grupo "muy internacionalizado y viable". Hombre, se sabrá más, pero se sabe ya bastante, tanto por los informes encargados a la consultora KPMG, como por la razones de la espantada de Gestamp: la deuda a proveedores. Pero Guindos está preocupado por Abengoa, naturalmente, según ha contado. Por eso ha hablado ya con la presidenta andaluza, Susana Díaz, y con su consejero de Economía, Ramírez de Arellano, pero para recordarles lo mismo (eso no lo ha dicho), que el problema no está en el recorte de las subvenciones del Gobierno a las renovables, sino en la gestión y deuda del grupo. A partir de ahí, el ministro ya no se ha fijado tanto en las ayudas de Estado, que no habrá, como en el riesgo del Estado en la compañía. Aprendido como iba, la ha dejado caer con precisión. El ministro ha explicado que la exposición pública asciende a 415 millones en total. Ese riesgo se reparte entre en los 210 millones de CESCE (seguros públicos de riesgo para las empresas), los 130 millones del prestados por el ICO y los 75 millones de Cofides (ayudas financieras a la inversión en el exterior). Esa suma no tiene en cuenta, sin embargo la exposición de Bankia. Todo lo dicho por Guindos, para que me entiendan, es lo más parecido a estar muy preocupado pero no hacer nada. ¿A quién apunta, entonces? Está claro: a los bancos acreedores, que tendrán que buscar una solución, por las vías que sean -quita y refinanciación de deuda, aportación de dinero (liquidez ), negociación con los proveedores, búsqueda de una socio, etc.-, y todo ello en el plazo de cuatro meses (máximo legal) que marca el preconcuso de acreedores con la Ley de Insolvencias. Eso quieren el Gobierno y la Junta de Andalucía. Ahora bien, la posición de esos mismos bancos es igual de firme. Han contratado ya los servicios de Uría y Menéndez para lo que dan por seguro: el concurso de acreedores. Sobra decir que el bufete es el más importante en asesoría legal y mercantil, y cuando se le contrata no es para organizar una fiesta, sino para salir lo más airoso posible de una situación tan compleja como la de Abengoa. Con todo, Guindos ha dicho también que "la banca española es propietaria de sólo 40% de la deuda" y que hay también bonos y "una deuda importantísima con proveedores". Nada nuevo. Rafael Esparza rafael@hispanidad.com