En su comparecencia en el Congreso, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha insistido en mandar un mensaje de tranquilidad a las familias, afirmando que “no vamos a cerrar la concertada. Es fake news". Sin embargo, algunas medidas que quiere poner en marcha el Gobierno Sánchez pondrán más palos en la rueda a este tipo de enseñanza, dado que defienden la pública como “eje vertebrador del sistema educativo”.

Entre estas, se encuentra la modificación del artículo 109 de la LOMCE, cargándose concretamente el 109.2, que recoge la denominada “demanda social”. Es decir, que las plazas variarán en función de lo que pidan los padres... que es lo que debe ser si se cree en la libertad de enseñanza. Algo que para Celaá es “un eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada”. Además, considera que la modificación no supone ninguna amenaza para la concertada, pero aclara que el servicio a las familias “tampoco puede ser a la carta”.

El Gobierno quiere ser quien oferte centros y, dentro de la propuesta, que los padres elijan, limitando sus derechos recogidos en la Constitución

Sin embargo, desde el PP, la diputada Sandra Moneo le ha pedido que recapacite porque “se está cuestionando la libertad de elección de las familias”. “No busquen limitar ni coger atajos porque la demanda es una garantía de las familias”, ha subrayado. Y es que el Gobierno quiere ser el que haga la oferta de centros y, dentro de su propuesta, que los padres elijan, limitando sus derechos recogidos en la Constitución. Además, al no tenerse en cuenta la demanda social, puede que la concertada tenga que cerrar algunas unidades y/o líneas en algunos lugares y esto también perjudica al derecho de los padres a elegir el centro al que llevan a sus hijos, así como a que reciban la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones.

El encendido debate entre Gobierno y PP por este tema ha sido lo más destacado en una comparecencia, en la que también Celaá ha anunciado que suprimirán los recortes educativos de los populares con un anteproyecto de ley. Eso sí, dicho anteproyecto no había sido facilitado a los portavoces parlamentarios, de hecho, la de Ciudadanos, Marta Martín, ha señalado que se lo han hecho llegar los sindicatos, o sea, que la transparencia brilla por su ausencia.

Con el citado anteproyecto, el Gobierno quiere suprimir:

  • la posibilidad de elevar hasta un 20% los ratios máximos de alumnos por aula. Moneo subraya que estos son más altos en la concertada por la fuerte demanda y que si no se pueden aumentar y no les dan más unidades, perjudicará a este tipo de enseñanza
  • También se quiere acabar con el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes y que sean las comunidades autónomas las que fijen el número de clases semanales de los docentes. Martín considera que esto va a fomentar la desigualdad entre regiones y exige que se establezca un mínimo en el Estatuto del Docente y este se aplique en todo el territorio nacional. Así, la diputada de Ciudadanos considera que no se haría demagogia con el tema y sobre todo, en periodo electoral
  • Por último, el Gobierno quita la espera de diez días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja. Así, los sustitutos podrán ser nombrados desde el momento de la baja